Reemplaza a una normativa de 2013

España: entró en vigor la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha

El Casino Talavera de Castilla-La Mancha.
31-01-2022
Tiempo de lectura 2:44 min

La nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha, que reemplaza a una normativa de 2013, entró en vigor en su totalidad ayer, luego de que el Consejo de Gobierno aprobara la semana pasada el decreto que la desarrolla.

La legislación, que está enfocada en mejorar aspectos del juego responsable, tras su aprobación el 22 de julio del año pasado, fue definida por la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, como "más restrictiva, con mayores limitaciones y con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los menores de edad".

Los aspectos tributarios de la medida ya habían comenzado a regir en agosto de 2021, algo que estaba definido en la norma desde su aprobación.


Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Como novedades más destacadas del presente decreto hay que señalar la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio del juego en los más restrictivos términos en que se ha configurado en la Ley 5/2021, de 23 de julio, que se fundamenta en la prohibición general de estas actividades y, en consecuencia, reclama la necesidad de autorización administrativa, frente al régimen más laxo derivado de la legislación anterior", celebra el decreto regulatorio.

Queda establecido en el artículo 12 de la Ley que los salones de juego no podrán estar a una distancia inferior a 300 metros de los centro oficiales de enseñanza reglada dirigida a personas menores de edad, salvo de aquellos centros donde se imparta exclusivamente educación infantil o primaria, ni a menos de 150 metros de distancia de otro local de juego ya autorizado. Esto cuenta para nuevos emprendimientos, pero a partir de 2029 también lo hará para quienes estaban establecidos previos a la aprobación de la norma.

Los sistemas de control para los accesos de los locales también fueron regulados, cuyas funciones de admisión "serán realizadas mediante un sistema íntegramente informatizado que cumpla con la normativa vigente en materia de protección de datos, contando con elementos físicos o electrónicos, así como sensores de paso y aviso acústico, que impida el acceso efectivo sin el previo registro, estando conectado en todo momento con el Registro de Interdicción de Acceso al Juego de esta comunidad autónoma".


La directora general de Tributos y Ordenación del Juego de Castilla-La Mancha, Susana Pastor, exponiendo
durante el XXI Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).

A partir de la conformación de la Comisión del Juego de Castilla-la Mancha, "un órgano colegiado de carácter consultivo y participativo, de estudio, coordinación y asesoramiento de las actividades relacionadas con el juego en la comunidad autónoma", y del lugar que se le otorga al Observatorio del Juego Responsable, la normativa toma un rol donde se jerarquiza la salud mental de los jugadores.

Esto ya había sido destacado por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego de Castilla-La Mancha, Susana Pastor, durante el XXI Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), donde aseguró que la Ley está a la vanguardia en estos aspectos y en la protección de los sectores más sensibles.

El sector privado del Juego criticó la inciativa

El director general del Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego), Alejandro Landaluce, cuestionó la normativa ni bien fue aprobada, y adelantó que "va a traer consigo consecuencias negativas para toda la región. En lugar de promover medidas eficaces para abordar el juego problemático, se están tomando decisiones abstraídas de una realidad compleja y llena de matices".


Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Sector del Juego.

"La consecuencia de todo esto es el enorme riesgo de pérdida de puestos de trabajo debido al cierre de negocios y establecimientos. La situación que se presenta va a afectar gravemente al desarrollo de un negocio que representa el 0,45% del PIB, que aporta €326 millones en cotizaciones sociales y unos impuestos generados de €1.789 millones", rechazó hace unos meses en una entrevista del periódico Lanza de España que publicó Yogonet.

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