Denuncian “deficiencias” en la licitación del Casino de la Región Este de Mendoza

El Tribunal de Cuentas de la provincia analizó la licitación y adjudicación del llamado “supercasino del Este” provincial, que abrió sus puertas el 27 de diciembre pasado, y en un informe posterior exigió que las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) expliquen ciertos puntos del proceso.

La unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Fuente Mayor S.A. y New Star Internacional S.R.L. ganó la licitación, y construyó en tiempo récord la sala, que cuenta con 900 slots y reemplaza a los anexos del Casino Central en los departamentos de San Martín y en Rivadavia.

Ahora, el Tribunal de Cuentas emitió un informe titulado “Deficiencias en licitación pública alquiler de máquinas tragamonedas, casino Zona Este”, en el que el órgano presidido por Néstor Parés destaca las ganancias que se llevan los privados, la falta de intervención de la Fiscalía de Estado, las imprecisiones del pliego de contratación y la ausencia de estudios técnicos, que justifiquen la construcción de un hotel en el mismo predio donde se ubica la sala.

El informe comienza con un relato cronológico de los hechos: desde la decisión del IPJyC de cerrar los anexos de San Martín y Rivadavia, hasta la apertura del nuevo casino.

En tal sentido, de acuerdo con el trabajo de control efectuado por el Tribunal de Cuentas, los problemas arrancaron con la resolución 159 del IPJyC, fechada el 30 de marzo del 2021, mediante la cual se autoriza el llamado a licitación pública por un monto de casi $ 5.145 millones.

“No consta en el expediente de la contratación, el respaldo documental de estudios económicos y/o sociales y de turismo, por los cuales se fundamente la necesidad de incorporación en los pliegos de la contratación de un proyecto de inversión”, subraya la auditoria, al referirse a la propuesta de la UTE de construir un hotel complementario al casino.

Esa justificación debió existir antes de la convocatoria a la licitación pública. También, previo a la emisión de la resolución 159, era necesario remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado. Para el Tribunal de Cuentas, no se cumplieron esos requisitos.

“Además, la inclusión de un proyecto de inversión en los pliegos de la contratación, de las características que finalmente fueron adjudicadas, podría implicar un exceso en las atribuciones conferidas al Directorio por la ley de creación del Instituto, ya que excede a lo referido a la regulación del juego”, advierte el informe oficial. Y añade que esa amplitud en el objeto de la licitación provocó cuestionamientos por parte de los oferentes y permitió un “considerable” grado de discrecionalidad en las actuaciones del IPJyC.

Luego, el órgano contralor analiza la resolución 369, mediante la cual se adjudica la licitación a Fuente Mayor y New Star Internacional. En concreto, apuntó contra el canon que cobra la UTE y que alcanza el 68 % por la provisión de los servicios de las tragamonedas. Se trata de un valor sensiblemente superior, en comparación con contrataciones anteriores en esa zona.

“El aumento del beneficio en favor del operador privado es significativo en relación a los porcentajes de la contratación previa para la misma zona, lo que debió ser justificado mediante las correspondientes evaluaciones de precios. No surge documentación de respaldo, por la cual se justifique la relación costo – beneficio en la adjudicación de un canon del 68%, superior al previamente existente del 49,8%, y no se trate de un precio excesivo”, indica la auditoría.