El Gobierno de México retiene los permisos para nuevos casinos e incrementará sus controles

Tras ofrecer disculpas públicas a los familiares de las 52 víctimas mortales en el incendio del Casino Royale, sucedido hace 11 años en la ciudad de Monterrey, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal mexicano, Alejandro Encinas, destacó que los permisos para la construcción de nuevos casinos “están retenidos”.

Encinas mencionó que, ante el atentado ocurrido en Nuevo León, el Gobierno Federal tomó la decisión de ya no otorgar permisos para la instalación de nuevos casinos, en tanto no se haga una revisión integral de los permisos que se otorgaron en el pasado, muchos de ellos de manera indebida.

Desde la @SEGOB_mx se tomó la decisión de no otorgar ningún permiso más a las casas de juegos y sorteos hasta que se garantice su funcionamiento transparente y se haga la revisión integral.#Comunicado
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— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 31, 2022

“Hemos tomado la decisión, desde hace ya algunos meses, de no otorgar un permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos, hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado, muchos de ellos indebidamente (…), y hasta que tengamos una regulación que garantice un funcionamiento transparente, legal y seguro de este tipo de establecimientos mercantiles”, refirió.

Durante una conferencia de prensa, Encinas lamentó el incendio del Casino Royale, producto de un ataque del crimen organizado sucedido el 25 de agosto de 2011, por lo que explicó que ahora los permisos de para la construcción de casas de juegos serán retenidos.

“Están retenidos los permisos para las casas de juego, hasta que no se tenga certeza de los permisos y se cumpla con todas las cuestiones de seguridad, se está revisando por Juegos y Sorteos de Segob. Se está haciendo la revisión, porque ha habido cambios con el nuevo secretario de Gobernación”, declaró en entrevista.

A su vez, el funcionario también precisó que hay delitos que no prescriben, y más cuando hay omisiones que atentan contra la integridad de las personas, pues se configuran delitos de violaciones a los derechos humanos. “Hay que ir a fondo con las denuncias que presentaron los familiares, y por supuesto, que sean castigados los perpretadores, y ver qué autoridades quedaron con sus omisiones. Hay rezago en todo el país, sigue prevaleciendo la comisión de los delitos. Delito que no se castiga es un delito que vuelven a cometer”, añadió.

Por ello, el funcionario aseguró que este caso se trató de un acto terrorista cometido por “criminales contra población civil indefensa”, y afirmó que “el Estado mexicano, en su conjunto, no fue capaz de garantizar las condiciones de seguridad, integridad y protección que corresponde a todas las autoridades en el país”.

También destacó que el Gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo atiende la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino está comprometido con el caso para poder conocer la verdad y que se castigue plenamente a todos los responsables.

“Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades, porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal y a la vida en agravio de al menos 63 víctimas identificadas”, sostuvo.