Investigan posible fraude en la Quiniela de Mendoza

En caso de encontrarse un fraude sistemático durante esa década, será necesario indagar en fechas más antiguas: la sospecha es que se trata de millones de pesos robados al Estado. A partir de una denuncia, la Fiscalía de Estado investiga las irregularidades acompañando al IPJyC, junto con el área de delitos informáticos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

"Echa la ley..."
A fines de febrero, El Sol detalló en exclusiva que, mediante una supuesta falla en el sistema de la Quiniela,los agencieros se quedaban con premios sin reclamar. Este hecho había sido denunciado ante las autoridades del IPJyC en octubre del 2016 por un agenciero oficial.

Cuando se realiza una apuesta, se le entrega al cliente un ticket, con dos números, que funcionan a modo de "usuario y contraseña": uno identifica al apostador y el otro certifica que es realmente el ganador quien está presentándose a cobrar.

El sistema, sin embargo, aceptaba cualquier serie de ocho dígitos como boleta ganadora. Así, cuando un ganador no reclamaba su premio –tiene 15 días para hacerlo antes de que prescriba–, el agenciero podía inventar una combinación de números y quedarse con el dinero antes de que el sistema le diera de baja por no haber sido cobrado.

¿Por qué no se detectó?
El IPJyC exige que cada suma supuestamente entregada se presente con el correspondiente ticket físico que corrobora que el ganador reclamó su premio.

La segunda debilidad presente en el sistema que impidió la detección era la posibilidad de que los quinieleros accedieran varias veces al extracto, un resumen de los premios que habían pagado ese día.
De esta forma, primero daban al Instituto un extracto con sus correspondientes tickets, pero luego volvían a acceder al sistema y cobraban los premios de aquellos que estaban a punto de prescribir.

Así funcionó hasta que, en octubre del año pasado, un agenciero denunció de manera anónima ante el IPJyC estas debilidades. Las autoridades comprobaron la advertencia y en 48 horas se corrigieron los "agujeros".

Encontrar la aguja
Una vez comprobado que no se podían realizar nuevos fraudes, comenzó la tarea de encontrar qué agencias incurrieron en esta práctica.

En un comienzo se inició una revisión aleatoria, según relató la titular del IPJyC, Josefina Canale. Sin embargo, cuando se le indicó a una agencia que le faltaban los tickets que comprobaban ciertos premios, desde el negocio presentaron las boletas faltantes.

Eso configura una "desprolijidad" pero no un fraude, por lo que se debió buscar un método que fuese sistemático. Por un lado, se inició una auditoría interna y, a su vez, otra externa a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, en el sector de Delitos Informáticos.

Por ley, el Instituto ha guardado 10 años de información, que ahora debe ser revisada: ticket por ticket, unos 5.000 premios diarios de toda una década hacia atrás, en busca de irregularidades.

Las boletas físicas son comparadas con la información que entregó la empresa Ivisa, a cargo del sistema de capturas de apuestas online. Para ello, los auditores poseen un lápiz óptico con el que revisan las boletas en busca de incongruencias.

"El tema era encontrar una forma de hacerlo rápido, incluso averiguamos de una máquina en Japón que podía hacer estas tareas, pero los tickets son de distintos tamaños y no podía leerlos", detalló Canale.

Otra pista
En este tipo de casos, un promedio estadístico permite tener una pequeña orientación para saber qué agencias estaban incurriendo en el supuesto fraude.

Según la empresa, históricamente los premios que nadie reclama representan entre el 1,5 y 2% del total de sorteos. De acuerdo con el sindicato del personal del IPJyC, esto representa entre 500 y 800.000 pesos mensuales, pero puede variar: en 2013, por ejemplo, prescribió un premio de 12 millones de pesos.

"Además del monto, otro factor es la cantidad de apuestas: durante mil sorteos no salió el 21 hasta que este 4 de enero fue el sorteado y hubo un número descomunal de ganadores, lo que influye en ese porcentaje", ejemplificó Canale.

Sin embargo, con ese porcentaje habitual de premios prescriptos, se destacan las empresas que tienen menos premios sin reclamar: tienen jugadores excepcionalmente cumplidores o estuvieron estafando a la Quiniela.

Canale explicó que, mes a mes, algunas agencias empezaban a tener un 1,3% de premios prescriptos, luego un 0,9%; pasaban al 0,3% y seguía bajando. A partir de esa particularidad, los auditores pueden enfocarse en determinados lugares entre la marea de comprobantes.

¿Por qué no se denunció?
A pesar de que la situación se detectó en octubre, recién en febrero de este año se denunció la situación a la Fiscalía de Estado. Fue la Unión Personal de Juegos y Casinos Mendoza quien tomó esta decisión, luego de enterarse de la maniobra.

Canale aseguró que en octubre se desconocía quiénes podían estar implicados y querían evitar hacer pública la situación para no dar oportunidad a empresas o agencias cambiar las pruebas. "La Fiscalía de Estado vino a ver qué hacíamos y le pareció correcto, cuando vieron el expediente se hicieron parte de la investigación: nosotros les tenemos que comunicar en qué vamos avanzando", sostuvo la titular de Juegos y Casinos".

Qué dijo Bianchinelli, el ex titular de Casinos
El diputado Carlos Bianchinelli, quien ocupó el mismo puesto que Canale durante la gestión de Francisco Pérez, aseguró que nunca tuvo conocimiento de estas maniobras. "Eso se controlaba desde la gerencia de Quiniela y a través de la gerencia General", añadió.

Según Bianchinelli, quien también mantiene el control de premios prescriptos es el sindicato ya que cuando se registran nuevos casos un porcentaje se destina a engrosar sus sueldos y otra parte a planes sociales y de salud.

"En el directorio lo único que se hace todos los meses es recibir la cifra total de esos premios presciptos. El monto iba directamente a la gerencia general desde la gerencia de Quiniela y desde ahí a los responsables de liquidación para que distribuyeran el valor correspondiente entre los empleados", detalló el legislador justicialista.

Por este motivo, Bianchinelli aseguró que no es Canale la que debe rendir explicaciones sobre la detección del "agujero", sino los responsables de las áreas mencionadas. En este caso, Jorge Quiroga, director de Lotería.