aritere Colón, directora de la Oficina de Asesoramiento Legal de la Compañía de Turismo, citó un estudio de la empresa Spectrum Gaming Group del 2009, que estableció que la economía de Puerto Rico soportaría solamente la inclusión de esa cantidad de tragamonedas, lo que generaría cerca de 124,8 millones de dólares.
Colón se opuso a un proyecto de ley del Senado, que busca enmendar la Ley de Juegos de Azar para reglamentar hasta un máximo de 20.000 máquinas de entretenimiento para adultos, como las que abundan en pequeños comercios de diversa índole alrededor de la Isla.
En cambio, favoreció un proyecto sustitutivo de la Cámara de Representantes que la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado consideró conjuntamente este jueves, mediante el cual la referida ley quedaría derogada, y se mantendrían sólo aquellas máquinas que ahora funcionen legalmente, lo que implica que no otorguen ningún premio a sus usuarios.
"El incremento desmedido de estas máquinas ilegales no solo tiene un costo social, sino que además, disminuye los recaudos de Gobierno. De los estudios comisionados por la Compañía de Turismo, se desprende que el aumento en las máquinas ilegales reduce los ingresos de los casinos y, como un efecto obligado, dismuyen los recaudos destinados a la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Fondo General", advirtió Colón durante la vista pública que dirigió el senador popular José Nadal Power, presidente de la comisión legislativa.
Según el estudio citado por la funcionaria de Turismo, en la Isla existen alrededor de 45.000 máquinas ilegales, y su eliminación supuestamente incrementaría los ingresos de los casinos por concepto de tragamonedas en 180 millones de dólares, equivalente a un 58%.
Colón recordó que el 50% de lo que generan las máquinas corresponde a los operadores de los casinos, y la otra mitad se divide según las fórmulas establecidas por ley entre la Compañía de Turismo, la UPR y el Departamento de Hacienda o el Fondo General.
Apuntó que, desde el 2005, los ingresos en los casinos han descendido consistentemente, y atribuyó la baja a la proliferación de las máquinas de entretenimiento para adultos en otros establecimientos comerciales. En el año fiscal 2011-2012, tres casinos cerraron sus puertas en los hoteles Gran Meliá, en Río Grande; Pichi's Convention Center, en Guayanilla, y El Conquistador Resort, en Fajardo.
Colón propuso que se enmiende el proyecto sustitutivo de la Cámara para que la Compañía de Turismo pueda autorizar la operación de máquinas tragamonedas en puertos y aeropuertos.
A modo de ejemplo, mencionó que el establecimiento de unas 300 máquinas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina, cuya administración se privatizó a través de la compañía Aerostar Airport Holdings, produciría al erario U$S 12 millones, a base de que los ingresos de cada máquina se estiman en un promedio de U$S 40.000 anuales.
"Evidentemente, estos ingresos podrían aumentar en la medida que se viabilice la posibilidad de incluir más máquinas en otros aeropuertos y puertos de la Isla", subrayó.
Al presentar un estudio que hizo para determinar el impacto de la legislación propuesta en las pequeñas y medianas empresas de las máquinas de entretenimiento, el economista José Alameda planteó que la perspectiva del gobierno sobre el tema es equivocada.
"No son las máquinas de entretenimiento quienes hayan restado mercado a los hoteles, sino todo lo contrario. Los hoteles han invadido el mercado de las máquinas de entretenimiento buscando mayor cantidad de clientes", dijo el economista.
Según Alameda, el golpe económico que han sufrido los casinos y el sector turístico en general responde, entre otros factores, a la recesión por la que atraviesa la Isla desde el 2006, la pobre diversificación de turistas que viajan a Puerto Rico, los problemas para mercadear el país como destino turístico y los altos costos operacionales de los negocios que elevan las tarifas de habitaciones en los hoteles.
Una posición similar adoptaron los miembros de la Unión de Operadores de Máquinas Electrónicas (UDOME), una de las entidades que peticionó la presentación del proyecto del Senado que reglamentaría a las máquinas de entretenimiento.
La organización argumentó que la eliminación de estos aparatos, no solo perjudicaría a los pequeños y medianos negocios de los operadores, sino que perjudicaría también a los dueños de los comercios donde se ubican.
Arquelio Rivera, asesor legal de la UDOME, apoyó reglamentar las máquinas de manera similar a la que aplica a otros juegos de apuestas como el Hipódromo Camarero, y respaldó que se fiscalice de manera uniforme a través de las conexión electrónica de los aparatos con el Departamento de Hacienda.
"Esto debe ir acompañado de un proceso de regionalización que permita la creación de procesos de inspección descentralizados y ágiles. Esto protegería la comunidad regulada de las máquinas electrónicas de entretenimiento de la competencia injusta de las máquinas ilegales", dijo Rivera.
Uno de los argumentos de la Compañía de Turismo para insistir en la operación de las tragamonedas exclusivamente en lugares como los hoteles y aeropuertos es que supuestamente facilita la fiscalización del equipo, lo que asegura la agencia que estaría imposibilitado si se permite su proliferación en diversos puntos de la Isla.
