La Comisión de Juegos de Puerto Rico comenzó la fiscalización de las máquinas tragamonedas

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico comenzó este miércoles 1 de julio un proceso de fiscalización de máquinas tragamonedas. Esta fase toma lugar luego de que la entidad haya culminado la etapa de licenciamiento.

En total, la comisión otorgó licencias a más de 2.700 negocios autorizados y alrededor de 15.000 máquinas, bajo el marco regulatorio establecido por la Ley 112-2024.

“El proceso de licenciamiento ha sido exitoso. En esta primera etapa, la respuesta de los operadores ha sido contundente, lo que nos ha permitido autorizar la cantidad de negocios y operadores que dentro de los parámetros de la ley, es viable. Ahora, con la fiscalización activa, reafirmamos nuestro compromiso con una industria segura, regulada y transparente que genera ingresos para el beneficio colectivo”, comentó Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión.

La encargada de llevar adelante la fiscalización será la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión de Juegos, en colaboración con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, entre otras agencias. En caso de incumplimiento a las normas, los dueños de cada negocio podrán enfrentar multas de entre USD 5.000 y 10.000 por cada máquina no autorizada. “Toda máquina debe contar con su marbete y comprobante vigente. Este proceso es clave para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones significativas”, detalló Marchán.

Según la Ley de Máquinas de Juegos de Azar de Puerto Rico, se establece hasta un máximo de 25.000 máquinas en todo el país, dejando un límite de 15 máquinas por negocio. Se aclara además que siempre deben operar como una actividad complementaria y no principal.

La reglamentación también establece que la recaudación se distribuya en un 22,5% de los ingresos a programas públicos. De esta partida, el 55% se destina al Fideicomiso para el Retiro de la Policía, 40% a los municipios, y 5% a la Comisión de Juegos para el sostenimiento del proceso de fiscalización.