Edición Latinoamérica
23 de Octubre de 2020

Sólo el Congreso puede solucionar la cuestión

Podría demandar unos cinco años la clausura de todos los bingos en Brasil

(Brasil).- La aprobación del Supremo Tribunal Federal (STF) de una súmula vinculante (ordenanza del STF), reiterando que le corresponde solamente a la Unión legislar sobre bingos y loterías, no hará que terminen las disputas en la Justicia sobre las salas de juego. El abrir y cerrar bingos durará por lo menos cinco años, en caso de que el Congreso Nacional no vote una ley definiendo la legalidad o ilegalidad del Bingo.

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e acuerdo a lo estimado por la Asociación Brasileña de Bingos (Abrabin), existen hoy entre 250 y 350 salas funcionando en el Brasil. Alrededor de 200 están abiertas en el Estado de San Pablo y 20 en la capital, amparadas solamente en decisiones de la Justicia Federal. “Cerca de 800 salas que funcionaban sobre legislaciones estatales cerraron desde 2002”, explica Olavo Sales da Silveira, presidente de Abrabin. “Defendemos la legalidad de las que restaron basándonos en la Ley Zico, de 1.993, que es federal”.

El cierre de las salas que funcionaban amparadas por la ley estatal ocurrió porque la Justicia consideró procedentes las 14 Acciones Directas de Inconstitucionalidad (Adins) que prohibían a 14 Estado que legislen sobre los bingos. “La súmula fue una síntesis de las decisiones que ya venían siendo tomadas y no habrá grandes cambios”, dijo Carlos Eduardo Canto, presidente de la Federación Brasileña de Bingos.

El abogado constitucionalista Ricardo Azevedo Leitão, que defiende empresarios del sector, dijo que las acciones más avanzadas aún están en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), o sea, en la 3ª instancia. La decisión final es tomada por el STF, instancia superior que debe llevar “como mínimo cinco años”, considerando los recursos correspondientes, para juzgar esos casos. “Y en las primeras instancias ya existen decisiones favorables a los bingos. Nada impide que la Justicia decida por la legalidad”.

La asesoría del STF prevé dos camino que serán seguidos por los jueces federales. En el más rápido, los magistrados suspenderían por iniciativa propia las decisiones que dieron a los bingos. En el más demorado, ellos mantendrían la decisión y le correspondería al Ministerio Público Federal reclamar la retirada.

El promotor José Maria Barbuto, del Ministerio Público Estaral (MPE), cree que la tendencia en la Justicia Federal es decidir por la ilegalidad. Los propios empresarios del sector concuerdan. “La Operación Huracán dejó a los jueces de relación atados a votar de acuerdo con su convicción”, afirmó Canto.

El Bingo Marajoara, en Interlago, zona sur de San Pablo, fue cerrado el pasado jueves por la Policía Civil y 24 personas, incluyendo 10 apostadores, fueron llevadas a la comisaría para declarar. El propietario y el gerente deben responder por desobediencia. Ellos rompieron el lacre de la Municipalidad, puesto en noviembre, también derrumbaron la pared de ladrillos levantada en abril. Fueron lacrados 163 tragamonedas.

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