El abogado de la sociedad Thunderbird IEG, Miguel Otero, señaló que respecto a los recursos de protección interpuestos por Thunderbird ante la Corte de Apelaciones, “los tribunales por unanimidad estimaron que había sido ilegal y arbitraria la decisión del Superintendente de dejarlos fuera de competencia”.
Sin embargo, esto se revirtió en la Corte Suprema, lo que según Otero, se explica porque en el fallo, de mayoría, no se trató nada del fondo. “Incluso el voto de mayoría se atribuyó a una facultad constitucional que no tienen, que es declarar inaplicable un precepto legal para poder hacer prevalecer el auto acordado de la Corte Suprema”, indicó Otero. En el fallo, el máximo tribunal determinó que todos los alegatos de la afectada se habían realizado fuera de plazo.
El abogado indicó que es inexplicable que un auto acordado prevalezca por sobre una ley especial de trámite posterior y, además, que una sala de la Suprema que resguarda la constitucionalidad, se haya atribuido facultades que la propia constitucionalidad le quitó expresamente.