El sector del juego aporta más de USD 69 millones anuales a las arcas de Castilla y León

La comunidad autónoma de Castilla y León recibe EUR 60 millones al año, un equivalente a más de USD 69 millones, por tasas e impuestos del sector del juego. La industria, que cuenta con 450 empresas y emplea a 2.000 personas en esta región española, fue el principal tema de debate en el XVIII Congreso de Juego de Castilla y León en Palencia, evento que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre.

Ante desafíos como el impacto de la IA, el Big Data y la ciberseguridad o la convivencia entre juego online y tradicional, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, anunció varios compromisos con esta industria, de cara al 2026.

Entre ellos se encuentran la actualización de reglamentos sectoriales de máquinas, salones, casinos, bingos y apuestas, así como aprobar un nuevo documento que regule la publicidad, promoción y patrocinio y poner en marcha la Estrategia de Juego Responsable.

Según el consejero, estos compromisos “se mantendrán”, independientemente del resultado de los comicios electorales previstos para marzo. “Son pasos necesarios para consolidar un sector serio, regulado y generador de empleo y riqueza pública”, afirmó.

Según el medio local Cadena Ser, actualmente Castilla y León cuenta con tres casinos, 17 bingos, 115 salones de juego y catorce casas de apuestas, además de 16.000 locales de hostelería autorizados para instalar máquinas recreativas con premio metálico. En total, hay 11.494 máquinas en funcionamiento en la Comunidad, junto a un bingo, doce salones de juego y una casa de apuestas.

Más detalles sobre el Congreso

El XVIII Congreso de Juego de Castilla y León fue organizado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y reunió a casi 300 expertos para analizar el presente y el futuro del sector, conocer las peticiones de los diferentes subsectores empresariales y servir de punto de encuentro para una regulación cada vez más completa y coordinada.

Este congreso es el único en España organizado por una administración pública y busca, además de profundizar en la colaboración entre administraciones, escuchar las demandas del sector empresarial y abrir un debate técnico sobre los retos de una industria en constante evolución tecnológica.