La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés, se presentó ante la Comisión de Economía del Senado, la cual discute el proyecto para regular las plataformas online en Chile, y destacó la importancia de asegurar las condiciones para que las nuevas plataformas que busquen funcionar “ingresen en las mismas condiciones” que los operadores que ya explotan dicho mercado.
Durante la sesión, realizada el 19 de marzo, Valdés explicó que al momento viene sucediendo “una competencia bastante desleal” respecto de las plataformas online que, según el análisis de la ACCJ, operan ilegalmente en el mercado chileno.
“[Queremos] que, cuando entre en vigor esta ley, se aseguren las condiciones de mercado para que aquellos nuevos oferentes, ya sean casinos establecidos o nuevas plataformas que vengan de afuera y que hoy día no han entrado a Chile porque ellos solamente operan en mercados regulados, entren en las mismas condiciones”, afirmó.
Asimismo, advirtió que “el negocio de las plataformas es un negocio de bases de datos”. “O sea, si yo estuve operando en la ilegalidad durante dos o tres años, hoy en día tengo una base gigante de clientes a los que ya llego. Entonces, obviamente un proveedor nuevo entra en desventaja al entrar desde cero y competir de igual a igual con aquellos que han operado de forma ilegal”, remarcó.
En esa línea, Valdés señaló que “hay varias medidas que se han estudiado y que están comprobadas internacionalmente que funcionan para poder asegurar la competencia leal”, en alusión al periodo de bloqueo de 12 meses que propone el proyecto de ley para las empresas que hayan operado fuera del marco regulatorio en los 12 meses previos a su entrada en vigencia.
A su vez, la titular de la ACCJ exhortó a que se esclarezca un marco normativo consistente respecto al juego ilegal en Chile, en el que se establezcan con claridad “las sanciones penales y medidas contra las plataformas ilegales”.

“Esto es clave, porque hoy día, en el peregrinar que hicimos [los casinos físicos], el Ministerio Público no considera estos delitos de juego ilegal como algo grave para perseguir. Eso ha sido muy difícil porque, incluso en tribunales, las causas se están desestimando ya que no hay argumentos claros para poder perseguir el juego como delito”, cuestionó.
Por ello, instó a que la nueva regulación del sector online permita a la Superintendencia de Casinos de Juego, actual regulador chileno, “no sólo fiscalizar los casinos y las plataformas con licencia, sino todas las plataformas ilegales”.
En otro momento, Valdés criticó que el proyecto de ley modifique el esquema tributario para los casinos físicos y sostuvo que “es muy importante que reconozca los derechos de los operadores que ya están establecidos y no cambie las condiciones por las que ya licitaron y obtuvieron su licencia de operación”.
En ese marco, cuestionó el impuesto por ingreso a las salas de juego del al 0,07 UTM, el cual dijo que obligaría a los casinos físicos a establecer un costo por ingreso o una membresía, y el impuesto del 1% para el Juego Responsable, el cual “no cumple con los fines propuestos, porque la recaudación no va a ir a combatir ese problema”.
“Hemos tratado de conversar con [los ministerios de] Salud y Educación y no se han involucrado para nada en este proyecto. Por lo tanto, vemos con alto riesgo y nos preocupa que se quiera subir los impuestos a los casinos para una política de Juego Responsable cuando los encargados de generar esta política a nivel nacional no han estado involucrados en esta discusión”, alertó.
Por último, Valdés advirtió que, de aplicarse dichos impuestos a los casinos físicos, se trataría de “un cambio a las reglas de juego, porque aumenta la carga tributaria a una industria que ya licitó” y que “ya tenía una carga de impuestos alta”.