Se amparan en la anulación de los reglamentos votados en 2020

Acusaron a la Comisión de Juego de Puerto Rico de vender sus licencias de juego

"Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto", solicitaron los operadores.
24-08-2021
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Lo hicieron un grupo de 32 operadores de tragamonedas que acusaron al titular Orlando Rivera de repartir mal las 100 licencias en febrero, y de beneficiar a la firma The Winning Key LLC, del exsenador novoprogresista, Eric Correa. "El proceso debe ser declarado nulo y sin efecto", solicitaron.

Un grupo de 32 operadores de tragamonedas de Puerto Rico acusó al titular de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, de vender e intercambiar licencias por dinero e influencias políticas, ya que, según afirman, no se repetó que los primeros permisos se hayan repartido a empresarios ya constituidos de "bona fide".

El ataque se refiere a la distribución de 100 licencias en febrero, las cuales afirman que en su mayoría fueron a empresas nuevas como The Winning Key LLC, del exsenador novoprogresista, Eric Correa.

"Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto para los que en realidad no cualifican. Estas actuaciones ilegales de la Comisión de Juegos deben ser anuladas por este Honorable Tribunal, dando paso a los demandantes que sí son operadores bona fide pero que no han movido influencias ajenas al proceso y contrarias a la ley para tener licencias de operadores de la Comisión de Juegos puedan cualificar", expone la demanda que presentó el exfiscal Michael Corona.

Los operadores reclaman que de las 80 mil tragaperras que hay en Puerto Rico, sólo 45 mil serán legalizadas y sometidas a los reglamentos 9174 de 2020, para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, y 9175, de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias, las cuales fueron anulados por la jueza Glorianne Lotti Rodríguez por considerarlos inconstitucionales, tras una demanda de la compañía Electronic Games Inc. (EGI).

Rivera confirmó la apelación de la decisión y confirmó la vigencia de las 100 licencias, las cuales fueron desestimadas porque la autorización estaba destinada al exregulador la Compañía de Turismo, hoy transformada en la CJ.

Quienes iniciaron la demanda sostienen que la naturaleza del reglamento 9174 sería constitutiva de soborno, ya que para la elección de la compañía que realizará la interconexión se contempla el requisito de que las compañías que se postulen para la tarea paguen los gastos de viaje y alojamiento de quienes vayan a "confirmar que se traten de empresas confiables y firmemente establecidas" por parte de la CJ.

"El delito de soborno en nuestra jurisdicción se configura con sólo ofrecerlo y no se requiere la entrega de dinero o cualquier otra cosa de valor al funcionario público a cambio de hacer algo que sea parte de sus funciones o haga algo contrario a sus deberes", acusaron.

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