Para operadores de tragamonedas

Puerto Rico: la Comisión de Juego confirmó la vigencia de las 100 licencias entregadas en febrero

La Comisión de Juego de Puerto Rico espera recibir US$ 15 millones por las 100 licencias, de los cuales una tercera parte debería estar antes del vencimiento del trámite del 24 de septiembre.
13-08-2021
Tiempo de lectura 2:05 min
El abogado del regulador, Graciani Betancourt, aseguró que el fallo que suspendía el resultado del concurso y el reglamento para máquinas en ruta, "no es firme" y que en caso de que no se reconozca moción de reconsideración presentada el 24 de julio, llevarán el caso ante el Tribunal Apelativo. Además, desestimó la demanda judicial que presentaron 30 operadores que quedaron fuera de la entrega de permisos.

El abogado de la Comisión de Juegos (CJ) de Puerto Rico, Graciani Betancourt, aseguró que las 100 licencias de tragamonedas otorgadas en febrero "continúan vigentes", ya que la sentencia del fallo que las suspende "no es final y firme", luego de la jueza Glorianne Lottie Rodríguez fallará a favor del reclamo de la compañía Electronic Games Inc. (EGI) y suspendiera el reglamento 9174 de 2020, para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, y el 9175, de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias, por considerarlos inconstitucionales.

"Mientras el proceso judicial permanezca en su curso, los reglamentos están vigentes porque la sentencia no es final y firme. Eso significa que el proceso que realizó la Comisión en la otorgación de licencias continúa vigente y la Comisión continúa con su proceso de implementación de la ley y de los reglamentos", explicó el letrado de la CJ al portal Metro.

Semanas atrás la el organismo presentó una moción de reconsideración al dictamen de Rodríguez del 14 de julio. Mientras tanto, y con el mismo criterio legal que con las licencias, comenzó el proceso de cobro del cánon de las tragamonedas en ruta, uno de los dos reglamentos que la magistrada delegitimó, en este caso, por haber sido dictados por la Compañía de Turismo, organismo que regulaba la industria hasta la conformación de la CJ, algo que estaba establecido por la Ley 257 de la Reforma Contributiva del 2018.

Betancourt aclaró que, en caso de no prevalecer en la moción, apelarán ante el Tribunal Apelativo. Inclusive confirmó que está en manos de la Administración de Servicios Generales (ASG) elegir a la compañía que gestione el sistema de interconexión, la otra de las negativas de la jueza.

La CJ espera recibir US$ 15 millones por las 100 licencias, de los cuales una tercera parte debería estar antes del vencimiento del trámite del 24 de septiembre. Aunque también deberá enfrentar una demanda judicial de 30 operadores que quedaron fuera y que, amparados en el fallo de Rodríguez, alegan que varias de las compañías que recibieron el permiso no tenían el aval del Departamento de Hacienda, como lo exigía el concurso.

"Los argumentos de que la Comisión está realizando trámites con reglamentos nulos es improcedente", expresó Betancourt a Metro. "Son alegaciones y personas que no cayeron en esos primeros 100 —porque había que evaluar según el orden de llegada— y eso es común. Eso pasa en todas las industrias; aquella persona que no llegó a tiempo o que se quedó fuera siempre va a tratar de buscar la manera de hacer señalamientos", desmintió. Además recordó que no se detectaron irregularidades en todos los permisos otorgados por la CJ, los cuales fueron investigados por el Senado tras una solicitud pública.

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