Por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) dependiente del Departamento Judicial de San Isidro, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) bloqueó 251 plataformas de apuestas que operaban sin autorización en Argentina.
La causa llevada adelante por la Ufeic, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, comenzó tras una presentación hecha por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba), informaron medios locales.
De acuerdo a la investigación judicial, los sitios web detectados no garantizaban transparencia ni el pago de premios. En muchos casos, los apostadores no podían retirar sus supuestas ganancias, mientras que el dinero terminaba en plataformas clandestinas sin control estatal.
La causa también reveló la ausencia de mecanismos de verificación de identidad y edad, lo que facilita el acceso de menores de edad. Esta situación no sólo los expone tempranamente al juego, sino que, en algunos casos, son captados para desempeñarse como “cajeros” de estas redes ilegales “a cambio de una mínima ganancia, pero adentrándose en un rol dentro de un esquema delincuencial por lo que aparece necesaria la concientización en vistas a evitar aún más perjuicios”, advirtió la Ufeic.
Finalmente, el fiscal Ferrari destacó la necesidad de “articular estrategias con los diferentes actores públicos y privados y en particular con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) apareciendo como necesaria la misión de todos los intervinientes de aunar esfuerzos en vistas a combatir la ludopatía infantil cuyos nocivos efectos son aumentados por aquellos sitios ilegales ahora neutralizados a partir de la medida aludida cuya operatividad permanentemente debe analizarse avanzando en las acciones respectivas”.
Gonzalo Atanasof, presidente del IPLyC también celebró la noticia y coincidió en la importancia de avanzar en acciones coordinadas entre la Justicia, los organismos de control y el sector privado para combatir el juego ilegal online y proteger a los usuarios.
“El juego ilegal no solo evade controles y recursos para el Estado, sino que además pone en riesgo a los jugadores, especialmente a los más jóvenes, porque no ofrece ninguna garantía de transparencia ni de cobro de premios. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo las acciones de bloqueo y concientización”, afirmó en declaraciones recogidas por la prensa local.