La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó sanción inicial, por mayoría de votos, a la “Ley macro” del Poder Ejecutivo que contempla, entre otras cosas, la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).
Según la fundamentación de la propuesta, la iniciativa permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”.
En el caso de la reestructuración del IPJyC, el proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización.
Sanción inicial por mayoría de votos al proyecto del Poder Ejecutivo de adhesión al RIMI, la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, y la liquidación de activos de la DAABO https://t.co/NoqIAzbn2v pic.twitter.com/Wy0qKfZsNQ
— Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) June 10, 2026
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
Quien abrió las exposiciones sobre la iniciativa fue la diputada Elisabeth Crescitelli (UCR). La legisladora sostuvo que “se propone un conjunto de medidas vinculadas con la promoción de inversiones, la modernización de herramientas de financiamiento productivo, la reorganización de organismos provinciales y el saneamiento de activos históricos de la provincia”.
Se trata, según Crescitelli, “de una iniciativa que está integrada por seis capítulos que comparten una misma finalidad, la cual es adecuar instrumentos y estructuras del Estado a una nueva realidad económica, financiera y administrativa distinta de aquellas para la cual fueron originalmente concebidas”, haciendo referencia principalmente al proceso de liquidación del FPTyC y lo concerniente al IPJyC.
La diputada Sol Salinas (Unión PRO) también se expresó sobre la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos. Al respecto, señaló que “hace más de dos años que esta Legislatura en conjunto con el IPJyC, venimos trabajando en una reorganización normativa que tiene que ver con una urgencia que se viene planteando a nivel nacional, sobre la prevención de la ludopatía”.
“No solamente tiene que ver con una prioridad de financiar los programas de salud mental, sino que el Instituto cambie el perfil de no solamente ser un ente recaudatorio, como planteaban algunos, para pasar a ser un ente de prevención también de salud mental”, argumentó.