El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia de San Juan aprobó el documento que reglamenta la ley del juego online que le había presentado la Caja de Acción Social (CAS) y por medio del cual se determinan los mecanismos prácticos de cómo se va a aplicar dicha normativa, sancionada desde fines de 2024.
Según se conoció, luego de obtener el aval del despacho que conduce Roberto Gutiérrez, el documento fue enviado a Casa de Gobierno, para que la provincia emita el decreto correspondiente y su posterior implementación.
Juan Pablo Medina, presidente de la CAS, indicó en el medio 0264 Noticias que esperan que el decreto sea publicado durante este semestre lo que habilitará al organismo a comenzar con las tareas de control durante la segunda mitad de 2026.
Juan Pablo Medina
Una vez entre en vigencia, el organismo trabajará junto al Ministerio Público Fiscal y Seguridad para perseguir plataformas ilegales, que podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión. Por su parte, la CAS deberá habilitar a las páginas web que cumplan con la ley y, de esa manera, “generar una oferta legal bajo el programa de juego responsable”.
Cabe recordar que la ley que reglamenta el juego online en la provincia fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales de 2024, luego de extensos debates entre los legisladores.
El desarrollo del borrador para la reglamentación demandó “unos siete meses”, tiempo que, según Medina, tardó “un poco más de lo previsto”, pero que en otras provincias ha tardado hasta dos o tres años.
Posteriormente, ese borrador interno fue aprobado por el Consejo de Administración de la Caja de Acción Social a través de una resolución. Luego, el Ministerio de Economía hizo su revisión, para darle el visto bueno y ahora enfrenta su último paso para que la Secretaría Letrada de Gobierno promueva un decreto del Gobernador.
Se estima que en San Juan existen unas 400 plataformas de juego online ilegal y la nueva normativa no solo apunta a combatirlas, sino además contar con una oferta de juego segura y legal, pues la CAS tendrá que crear un “registro de títulos habilitantes de juego en línea, el cual tendrá carácter público y accesible”.