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18 de Septiembre de 2021

Peligran las últimas regulaciones locales

La Justicia de Puerto Rico desestimó los últimos avances regulatorios en cuanto a tragamonedas

La Justicia de Puerto Rico desestimó los últimos avances regulatorios en cuanto a tragamonedas
"Este proceso está atrasando la economía del país, ya que con solo el pago de las licencias de las máquinas el gobierno recibe cerca de US$ 30 millones anuales en recaudos", expresó el director ejecutivo de la Comisión de Juego, Orlando Rivera.
Puerto Rico | 26/07/2021

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, Orlando Rivera, confirmó que en caso de que se anulen los reglamentos implementados, apelará la decisión. "Si se aprueba la anulación de los reglamentos, todo lo que yo he hecho de enero hasta ahora, queda nulo. Todas las licencias que se dieron hay que revocarlas y comenzar un nuevo proceso de análisis", aseguró.

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a jueza puertorriqueña Glorianne Lotti Rodríguez anuló el reglamento 9174 de 2020, para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, y el 9175, de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias, por considerarlos inconstitucionales, tras una demanda de la compañía Electronic Games Inc. (EGI).

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar de Puerto Rico, Orlando Rivera, aseguró que apelarán en caso de confirmarse la decisión. "Si se aprueba la anulación de los reglamentos, todo lo que yo he hecho de enero hasta ahora, queda nulo. Todas las licencias que se dieron hay que revocarlas y comenzar un nuevo proceso de análisis. Yo fui demandado y a mí nunca me llamaron, nunca vi a la jueza".

Mientras tanto, el gobierno federal sigue sin recaudar lo correspondiente por la explotación de tragaperras. "Este proceso está atrasando la economía del país, ya que con solo el pago de las licencias de las máquinas el gobierno recibe cerca de US$ 30 millones anuales en recaudos", explicó Rivera sobre los problemas que acarrea la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El motivo por el cual la magistrada acusó de inconstitucional a los reglamentos es que fueron dictados, tal como lo estableció la Ley 257 de la Reforma Contributiva del 2018, por la Compañía de Turismo, organismo que regulaba la industria hasta la conformación de la Comisión de Juego, y que continuó con la fiscalización de las tragamonedas para no interrumpir sus avances.

Rivera aclaró que la intención de los reglamentos aprobados es conocer todo el trayecto de las máquinas desde su confección hasta que le pagan a los usuarios. "Es lo que queremos implementar para poder legitimizar ese negocio".

Los avances de las normativas en duda son evidentes. Rivera describió que "antes del reglamento habían cerca de 3.100 operadores y 80 mil máquinas ilegales" y que ahora hay 101 licencias que permiten a cada operador tener entre 100 y 250 slots, y un máximo total de 25 mil a nivel nacional.

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