La Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México impugnó la orden emitida por un juez federal que permitía la reapertura de los casinos clausurados bajo sospecha de lavado de dinero.
Los establecimientos, operados por el Grupo Salinas, habían sido cerrados en noviembre luego de una investigación llevada adelante Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyó la medida. "Impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria. Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de la Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia", señaló ayer durante una conferencia en el Palacio Nacional.
La impugnación se genera luego que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, dio lugar a un amparo de la empresa Ganador Azteca S.A. de C.V., operadora de Bet365 y Betano, contra la decisión de las autoridades de bloquear las cuentas, dominios y operaciones de los casinos del empresario. La medida del gobierno busca revertir la suspensión provisional para que estas instalaciones puedan volver a funcionar, tras bloqueos previos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las partes se encuentran a la espera del próximo 8 de diciembre, cuando se decidirá si se concede una suspensión definitiva a la empresa de Salinas Pliego y en enero de 2026 se dictará sentencia.
La investigación llevada a cabo por la Secretaría de Hacienda identificó que 13 casinos realizaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Los salones de juego denunciados y clausurados están ubicados en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.