La JPS presiona para aprobar el proyecto que combate el juego ilegal en Costa Rica

La discusión sobre la modernización del marco regulatorio del juego en Costa Rica volvió a ocupar el centro del debate legislativo, impulsada por un llamado urgente de la Junta de Protección Social (JPS) para priorizar el Proyecto de Ley 25.057.

La iniciativa, presentada en junio con el respaldo de más de diez diputados, busca actualizar un marco jurídico que lleva más de cinco décadas sin cambios sustanciales y que, según la entidad, hoy facilita la proliferación de actividades no autorizadas.

La JPS comunicó que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó el texto sustitutivo del Proyecto de Ley 25.057, al tiempo que advirtió que el país enfrenta un mercado informal que opera sin regulación específica, un escenario que no solo afecta a la comercialización oficial establecida en la Ley 8718, sino que también ha sido aprovechado por estructuras criminales para desarrollar presuntas actividades ilícitas.

Desde la institución señalan que las ventas ilegales de loterías y juegos de azar representan una amenaza directa para el sistema formal y vulneran un marco regulatorio que consideran obsoleto.

Un proyecto para ordenar el mercado y combatir actividades clandestinas

El Proyecto 25.057 introduce dos pilares centrales para enfrentar la expansión del juego ilegal en el país.

Por un lado, amplía el alcance regulatorio hacia plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos, con el objetivo de cerrar brechas normativas frente al crecimiento del juego online no autorizado. Por otro, incorpora la figura del “título habilitante” como requisito obligatorio para operadores regulados, lo que permitiría establecer mecanismos de control más estrictos.

Según la JPS, esta actualización es clave para fortalecer la supervisión estatal, prevenir actividades delictivas y proteger los recursos destinados a programas sociales y de salud pública. Además, busca cortar vías de financiamiento utilizadas por redes ilícitas que han encontrado en el mercado informal un espacio para el lavado de dinero y otras actividades criminales.

Trámite legislativo y expectativas

El proyecto fue aprobado por la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. El texto sustitutivo incorporó ajustes técnicos, jurídicos y recomendaciones de asesorías legislativas; la JPS señaló que los cambios aclaran la regulación, fortalecen la propuesta y corrigen aspectos del planteamiento original.

Tras la votación en comisión, el expediente pasará a consultas obligatorias que exige la ley y el texto será remitido a instituciones del sector justicia, entidades de supervisión y autoridades económicas para que emitan criterios oficiales.

La expectativa es ahora el proyecto avance hacia el Plenario Legislativo para su votación en primer debate. De aprobarse, la reforma representaría la actualización normativa más relevante del sector en más de 50 años, dotando al país de herramientas legales más claras para ordenar el mercado y frenar el avance de operadores ilegales.