Tres diputados federales presentaron el proyecto de ley 4.044/2025, que establece el Marco Legal para Combatir el Mercado Ilegal de Juegos y Apuestas y modifica la Ley n.º 14.790/2023. La propuesta refuerza la represión financiera, penal, administrativa y tecnológica de la explotación clandestina de apuestas en el país y define las responsabilidades de los bancos, las instituciones de pago, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Ministerio de Hacienda.
El proyecto, autoría de los diputados Paulo Litro (PSD/PR), Raimundo Santos (PSD/PA) y Merlong Solano (PT/PI), determina que las instituciones financieras y de pago adopten procedimientos reforzados para frenar las transacciones con operadores no autorizados. Deberán publicar informes mensuales de conformidad, con datos como el número de cuentas asociadas a los operadores, el volumen de transacciones para apuestas y los bloqueos/rechazos por irregularidades, preservando el secreto bancario y la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD).
Según el texto, el Banco Central deberá promover la integración a los sistemas de intercambio de información sobre fraudes, y el Ministerio de Hacienda mantendrá una base pública y actualizada de operadores irregulares.
En Pix, el Banco Central deberá regular mecanismos específicos, como la modalidad de transacción exclusiva para apuestas, filtros automatizados de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), integración con directorios de riesgo y autoexclusión y marcado visual en los extractos.
La propuesta de los diputados también menciona la prohibición de cualquier asociación operativa/tecnológica (incluidos BaaS, subadquisición y pasarelas) con operadores no autorizados. A su vez, el Ejecutivo deberá crear el Índice de Conformidad Regulatoria en Apuestas (ICRA) para evaluar el cumplimiento de las normas, según establece el proyecto.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de hasta BRL 20 millones (USD 3.642.780), o el doble del valor de la operación o del beneficio obtenido), la suspensión de la oferta de cuentas/instrumentos para el sector y la prohibición del uso de PIX/TED en casos graves o reincidentes.
De acuerdo a la iniciativa, Anatel tendrá un papel central en el bloqueo de sitios web y aplicaciones de operadores irregulares, con un canal estructurado para órdenes administrativas y judiciales y coordinación con proveedores de conexión y servicios de valor agregado (SVA).
Además, se sugiere que el Ministerio de Hacienda, el BCB y Anatel establezcan un protocolo integrado de intercambio de información, con una base unificada de operadores no autorizados y estadísticas del mercado ilegal, en cooperación con el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf).
El proyecto, cuyo texto completo puede leerse en este enlace, también comprende la creación de un canal público de denuncias en línea, gratuito y anónimo, con confidencialidad del denunciante, campos estructurados, anexos de pruebas y protocolo de seguimiento.
El PL 4.044/2025 aún debe ser analizado por las comisiones de la Cámara de Diputados y sometido a votación en el pleno. Si se aprueba, pasará al Senado y, posteriormente, a la sanción presidencial. Solo después de este trámite, el marco legal podrá entrar en vigor.