Perú: Advierten que el veto del Gobierno a la ley del ISC desataría una fuga de inversiones y favorecería al juego ilegal

La plataforma Apuesta Legal evaluó las consecuencias de la decisión del Gobierno peruano de observar la autógrafa de ley que buscaba corregir la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las apuestas online. En su análisis, advirtieron sobre una posible fuga de inversiones y un favorecimiento al juego ilegal.

Como se recuerda, al vetar la referida ley, el Ejecutivo argumentó que la reforma propuesta reduciría la recaudación y limitaría la capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ajustar las tasas tributarias.

Sin embargo, el abogado Nicolás Samohod, especialista en juegos de azar de Apuesta Legal Perú, señaló que “la principal distorsión es que el impacto del ISC, tal como fue propuesto, impone una carga impositiva que podría considerarse confiscatoria”.

A partir de ello, recordó que ya en 2002 “el Tribunal Constitucional advirtió sobre límites a la confiscatoriedad tributaria”, y que hoy se corre “el riesgo de revivir esa problemática”.

En este contexto, Samahod indicó que entre las consecuencias directas de esta decisión del Ejecutivo están:

• Fuga de inversión: Las tasas impositivas elevadas desalientan el ingreso de nuevos capitales al país, afectando la competitividad de la industria peruana en el mercado regional.
• Proliferación de amparos: La falta de claridad normativa incrementa la litigiosidad y genera costos legales adicionales que, en última instancia, repercuten en los usuarios.
• Desincentivo al consumo legal: Los operadores podrían trasladar costos al cliente final, empujando a los usuarios hacia plataformas informales o sin regulación.

Coordinación entre ministerios

Frente a este escenario, Apuesta Legal reiteró “la necesidad de que cualquier norma tributaria que afecte al sector se diseñe en estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), autoridad con comprobado expertise en regulación de juegos de azar”.

“Si el Congreso o el MEF van a legislar sobre un sector tan técnico, deben coordinar previamente con Mincetur para asegurar un mercado ordenado y sostenible”, propuso Samohod.

Como alternativa, desde Apuesta Legal plantearon la conformación de una mesa de trabajo tripartita —Congreso, MEF y Mincetur— para “revisar el actual proyecto de reforma, alinear criterios y garantizar una solución equilibrada”.

Esta, añadieron, deberá permitir preservar la recaudación estatal sin incurrir en cargas confiscatorias; mantener la viabilidad y atracción de inversiones en el sector; y ofrecer certeza jurídica a operadores y usuarios.