“Lamentamos que la Corte Suprema de Chile haya revocado la sentencia de la Corte de Apelaciones”

La Agrupación de Plataformas de Apuestas En Línea (APAL) lamentó el reciente fallo de la Corte Suprema de Chile, que ordenó a los proveedores de Internet bloquear el acceso a las casas de apuestas online que operan en dicho país, tras acoger un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción.

“Lamentamos que la Corte Suprema, en un fallo dividido, haya revocado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de abril pasado bajo el argumento que las apuestas en línea se encontrarían ‘proscritas’ en nuestra legislación, afirmación carente de todo sustento normativo”, expresaron en un comunicado.

Cabe señalar que, en su sentencia, la Corte Suprema ordena a las empresas Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR el bloqueo “inmediato y efectivo” de las plataformas de apuestas online, y revoca el referido fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Para la agrupación representada por el abogado Carlos Baeza la inexistencia de una legislación específica ha llevado a que distintas instancias judiciales se pronuncien sobre esta actividad, generando interpretaciones diversas.

“Esto reafirma la necesidad de avanzar hacia una regulación clara que otorgue certeza institucional”, advirtieron, en alusión al proyecto de ley que actualmente se discute en el Senado chileno.

El Palacio de Justicia de Chile

“Nuestra posición ha sido clara y consistente desde un inicio: queremos que esta actividad sea regulada en Chile, lo que permitirá ordenar el mercado, proteger a los consumidores y dar certeza a los actores involucrados”, afirmaron.

“Estamos convencidos que una legislación sostenible y equilibrada desde el punto de vista fiscal y técnico permitirá un marco suficientemente atractivo para atraer cientos de millones de dólares e inversión extranjera”, añadieron.

De acuerdo a APAL, desarrollan “una actividad legal, aunque aún no regulada” y “las empresas que integran esta agrupación operan en mercados regulados, bajo exigentes marcos normativos y políticas de protección a menores, datos personales y prevención de lavado de activos”.

“En todos los países donde participan —y también en Chile— han promovido activamente procesos regulatorios”, subrayaron.