La Plataforma Aturem Hard Rock y el grupo ecologista Gepec presentaron dos recursos administrativos en los que exigen la anulación de la licencia otorgada por la Generalitat catalana al megaproyecto de la empresa estadounidense Hard Rock en la provincia de Tarragona, en los municipios de Salou y Vila-seca.
Las organizaciones consideran que la empresa de entretenimiento incumple uno de los requisitos de las bases del concurso para acceder a la licencia, precisamente, el referido a que la promotora del proyecto debe acreditar el derecho de acceso a la propiedad del suelo.
Según medios locales, ambas entidades darían por hecho que la vía administrativa no prosperará, por lo que esperan que el caso prosiga por la vía contenciosa en la que, consideran, “les darán la razón” y que será “la estocada definitiva” al megacomplejo.
En sus recursos, presentados ante la Dirección General de Tributos y Juego, señalaron que Hard Rock no posee “ni la propiedad ni la disponibilidad” de los terrenos donde debería levantarse el megaproyecto.
La portavoz de la Plataforma Aturem Hard Rock, Anna Recasens, explicó que la empresa estadounidense pudo acceder a la licencia porque habían hecho un acuerdo con el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y el banco Caixa Cataluña.
En línea con ello, los recursos recuerdan las cartas intercambiadas entre Incasòl y la Caixa, “donde la entidad bancaria negaba que tuviera ningún compromiso con la Generalitat para venderle los terrenos a la administración para que, después, ésta, los transfiriera a Hard Rock”.
Por último, citan el informe del gabinete jurídico de la Generalitat, en el que los letrados admiten que los contratos de opción a compra sobre los que se asentaba la disponibilidad de los terrenos por parte de la empresa estaban caducados.
Por ello, exigen que “se revoque la autorización a Hard Rock de la instalación y explotación de un casino de juego por incumplimientos de los requisitos”.
Cabe recordar que, en marzo, el Parlamento de Cataluña aprobó una solicitud presentada por el Partido Popular (PP) para que el Gobierno comparezca y dé explicaciones sobre la "ocultación" de parte del informe que recoge la eventual responsabilidad patrimonial de la Generalitat ante la paralización del proyecto Hard Rock.
Esto se debió a que que el Govern catalán, encabezado por Salvador Illa, podría enfrentar el pago de una indemnización de hasta EUR 50 millones en caso Hard Rock reclame compensaciones ante la imposibilidad de llevar adelante el megaproyecto en Tarragona.