Gremios del sector del juego piden que el diputado Rousillón aclare su implicación en los casos de corrupción en Conajzar

Gremios empresariales del sector de juegos de azar de Paraguay exhortaron al diputado electo Rubén Rousillón a no asumir su cargo en la Cámara de Diputados y que, en vez, se someta a la justicia y aclare sus nexos con el caso que investiga presuntos actos de corrupción en el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Desde 2022, el Ministerio Público paraguayo investiga dicho caso en el que están implicados José Antonio Ortiz Báez, extitular del Conajzar, y otros por presuntas irregularidades en adjudicaciones de explotación de juegos de azar. Entre estos, aparece Rousillón en su rol de representante de los gobernadores ante el ente regulador del juego.

Según informó el medio paraguayo ABC, el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, afirmó que “Rousillón tiene que rendir cuentas a la justicia” y que, si bien debería jurar como diputado el próximo 30 de junio, el empresario consideró que se deberían levantar sus fueros parlamentarios para rendir cuentas ante la justicia.

“Si tiene que ser desaforado pues hay que hacerlo. Tenemos que procurar todos ser en poco más honrados”, remarcó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Adriana Gorchs, expresó su confianza en la investigación llevada a cabo por el Poder Judicial. “Confiamos en la justicia y si hay personas que tienen cuentas que rendir ante la misma, serán juzgados de seguro, con o sin fueros. Hay herramientas para privar de sus fueros a los parlamentarios”, advirtió.

“Estará en manos del Congreso quitar los fueros a las personas que se requieran hacerlo. Tenemos esperanza y confiamos en este nuevo gobierno, hasta ahora todo indica que estaremos mejor”, añadió la empresaria.

José Antonio Ortiz Báez, extitular de Conajzar

En tanto, la titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, señaló que su gremio tiene “el ojo puesto en esta causa”, debido a la presunta participación de Rousillón en el caso que habría permitido la regularización de tragamonedas en comercios y otros sitios de libre concurrencia, y su exposición a menores de edad.

“El Ministerio Público en su siguiente paso procesal estaría pidiendo el desafuero de Rousillón. [...] Recomendamos que se someta a juicio para no quedarse con un estigma en su carácter de diputado de no haberse sometido a un proceso”, estimó.

Demora en el juicio

La semana pasada, se suspendió la audiencia preliminar que investiga este caso porque uno de los acusados recusó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú. Ahora, será un Tribunal de Apelación el que estudie la recusación y decida si confirma la competencia del magistrado en el mencionado caso.

En este contexto, la titular de Apoja manifestó su sospecha frente a los recursos presentados por los involucrados en el proceso que impiden el avance de la investigación. “Necesitamos una condena. Vemos una suerte de sucesivas chicanas que finalmente pueden derivar en prescripción de la causa”, alertó.

“Nosotros necesitamos una condena que enseñe al empresario a ni siquiera intentar soluciones tan forzadas y contrarias a derecho, totalmente inconstitucionales y sobre todo, carentes de un sentido social, porque se les expuso a los menores de edad a un flagelo como la ludopatía infantil”, acusó Rojas.

Además del diputado electo Roussillón y de José Antonio Ortiz Báez, están implicados en el caso Carmen Corina Alonso, exdirectora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Ricardo Núñez, exintendente de la ciudad de Villa Hayes; Omar Mongelós, representante de las municipalidades del interior ante Conajzar; y Álvaro Wasmosy, vicepresidente de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP).