La Fiscalía paraguaya acusó a un directivo de TDP de mentir sobre pagos de impuestos de la quiniela

La fiscal paraguaya María Estefanía González afirmó que el vicepresidente de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), Álvaro Wasmosy, reportó un documento que “no existe” para alegar que su firma no era morosa al fisco durante el proceso de concesión del juego de la quiniela en 2020.

Dicha acusación se da en el marco del proceso judicial que se sigue contra José Antonio Ortiz Báez, expresidente del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar, regulador del juego en el país); Carmen Corina Alonso, exdirectora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); y otros implicados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de explotación de juegos de azar.

Según el diario paraguayo ABC, la fiscal González señaló en su acusación que “la explotadora de la quiniela desde el 2015, TDP, mintió para volver a ser adjudicada en 2020”. “Para alegar que no era morosa del fisco, dicha empresa reportó un documento que ‘no existe’, el supuesto Decreto N°1860/19”, añadió.

Desde la fiscalía, señalaron que cuando Conajzar adjudicó el juego de la quiniela a TDP en 2015, la empresa de Wasmosy Carrasco “se comprometió a las obligaciones por la explotación de la quiniela durante cinco años”.

En tanto, la fiscal sostuvo que “no encontró comprobantes de cumplimientos del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (Iracris), del impuesto establecido en la Ley 431/73 a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, la donación a entidades de beneficencia establecida en la Ley 1016/97, el 50% de los premios no entregados a favor de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben) y el otro 50%, al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress)”.

Pese a ello, prosiguió la fiscal González en su escrito, “la Conajzar volvió a adjudicar la concesión del juego a la misma firma en 2020”. Añadió que para dicho proceso de concesión, Wasmosy firmó una declaración jurada en la que señaló “estar al día con todas sus obligaciones”. Por ello, es acusado “por el hecho punible de declaración falsa”.

José Antonio Ortiz Báez, extitular del Conajzar.

Audiencia suspendida

Cabe señalar que, el miércoles, el Poder Judicial de Paraguay decidió suspender la audiencia preliminar en la que se iba a evaluar la imposición de medidas restrictivas contra los acusados en este proceso judicial.

El titular del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, el magistrado Humberto Otazú, había programado la audiencia para desarrollarse entre los días 8, 9 y 10 de agosto. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a recursos presentados contra la fiscal a cargo del caso, María Estefanía González.

Según informó el diario paraguayo ABC, la defensa legal de Ortiz Báez y Alonso, junto con el abogado de Wasmosy, presentaron “un recurso de reposición con apelación en subsidio”, a partir del cual cuestionaron la fecha en que la fiscal González presentó su acusación y solicitó el inicio del juicio oral.

Los abogados de Ortiz Báez y Alonso, Andrés Casati, y de Wasmosy, José Fernández Zacur, apuntaron que la fiscal “presentó la acusación el 5 de julio pasado”, dos días antes de que fuera ratificada por e Poder Judicial frente a un pedido de recusación en su contra. De esta manera, las defensas legales alegan que González “no estaba confirmada en el caso cuando se presentó la acusación”, que no debía presentar ella sino los fiscales interinos.

Ahora, el Poder Judicial paraguayo indicó que será la Cámara de Apelaciones la instancia que deberá resolver la situación planteada por la defensa, a fin continuar con el proceso. En tanto, Casati dijo al medio paraguayo que, con los planteamientos presentados, no se apunta a anular el proceso sino que, al contrario, el objetivo es “protegerlo” para que no sea anulable más adelante.