Cataluña mantendrá cerrados sus salones de juego, casinos y salas de bingo

La Generalitat de Cataluña mantendrá cerrados los establecimientos de juego mediante la Resolución SLT/612/2021, que se publicó el 5 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), la cual prorroga las medidas restrictivas por el COVID-19 y establece que "se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas de bingo".

También reformula las políticas respecto a la hostelería, donde condiciona su apertura a que los clientes realicen en consumo en su mesa, que tengan distancia de dos metros, que haya buena ventilación en el espacio y que no se supere el 30% del aforo permitido. Su servicio sólo podrá ser ofrecido entre las 7:30 y las 17 y sólo quienes se estén hospedando podrán consumir hasta las 22.

La realidad del país respecto a la restricción del juego es bastante ejemplificadora y da pie a que los diferentes reclamos se hagan escuchar. De todas las comunas españolas, sólo las que corresponden a la región catalana son las que mantienen el cese total de la actividad, cuando las demás funcionan con limitaciones, pero cada vez más abiertas.

El presidente de la patronal del juego Patrojoc, Carlos Duelo, se sumó a los reclamos que hablan de discriminación hacia la industria que representa. "Nuestros establecimientos cuentan con estrictos protocolos de prevención y seguridad sanitarios certificados por auditores independientes, para garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes y que van más allá de lo que nos exigen las autoridades", aseguró, y agregó que ellos garantizan "la gestión del aforo y la posibilidad de rastreo gracias al control y registro de acceso obligatorios".

Tal como hicieron los trabajadores del rubro hace algunos días, Duelo advirtió que está en peligro "el trabajo de 8 mil personas de forma directa y más de 28 mil de forma indirecta", y que quieren "volver a trabajar para seguir contribuyendo a la recuperación del país", ya que sólo a nivel local tributan "más de €20 millones al mes". Además, recordó que el organismo defensor del pueblo Síndic de Greuges ya solicitó que su reclamo sea escuchado y que desde el Govern de la Generalitat hicieron oídos sordos.