En junio de 2018, el Grupo Enjoy se adjudicó el permiso para operar el casino, en base a un proyecto que se construiría en un terreno aledaño al Gran Hotel Pucón. Sin embargo, al no obtener los permisos, decidió reubicarlo en otro espacio a pocos metros, pero sobre otra calle del centro de la ciudad.
Según la acción de Sun Dreams, que se tramitó en la Corte de Apelaciones, el 26 de diciembre el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego se pronunció favorablemente sobre el cambio en el proyecto, lo que a juicio de Sun Dreams debía ser declarado ilegal.
Michele Daroch y Jose Ignacio Arteaga, de Abdala & Cía, que llevan adelante el caso por parte de Sun Dreams, explican que tomarán ahora dos caminos para intentar revertir la decisión de la Corte de Apelaciones, que no acogió la solicitud de ilegalidad.
El primero será elevar un recurso de queja en la Corte Suprema, porque se estima que no hay un análisis completo de la normativa, lo que redunda en un "abuso" -explican los abogados- que debe corregir la Corte Suprema.
Básicamente, el objetivo es que se acoja la ilegalidad y, por lo tanto, la Superintendencia deje sin efecto la autorización del cambio de proyecto, el que debería estar construido en junio del próximo año, si es que no hay nuevas modificaciones en los plazos producto de la pandemia.
Entre los argumentos de Sun Dreams está que el consejo resolutivo debió haber requerido una serie de informes a distintos órganos públicos, para pronunciarse sobre los cambios, algo que no habría ocurrido.
Así, a su juicio se debió haber pedido informes al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Turismo, Intendencia regional y Municipalidad respectiva.
Aunque el grueso del fallo aborda la facultad de la reclamante y las posibilidades que existían para recurrir a las decisiones administrativas que se tomaron, en la última página del fallo se señala que "en todo este procedimiento no se advierte ilegalidad de ninguna clase, estando, como lo está autorizado el organismo reclamado para aprobar modificaciones al proyecto original".
Pero además irán al Tribunal Constitucional, buscando que se declaren inconstitucionales las normas que le prohíben a la compañía pueda elevar reclamos contra las decisiones que se han tomado, ante un superior jerárquico.