ergio Galleguillos, asesor jurídico del municipio de Ovalle, había informado: “Los once locales que operan máquinas tragamonedas en el centro de la ciudad deberán cerrar sus puertas porque ejercen al margen de la ley. Según un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de La Serena y de la Corte Suprema, no cuentan con la patente adecuada para ejercer esta labor comercial”.
A raíz de estas declaraciones, la Asociación Gremial de los Operadores de Salas de Juegos Electrónicos de Ovalle (Agojeo) demandará a Galleguillos, al encargado de comunicaciones de la municipalidad y al alcalde Cristián Sáez.
“Los dichos referidos dan cuenta de una situación totalmente falsa. Ningún tribunal ha calificado a la actividad que realizan mis representados como ilegal, ni menos que ellos son comisares de un delito, como señalaron las autoridades. Creemos que se han tocado ciertos límites que nosotros no estamos en la posición de soportar más, por lo tanto se ha hecho una querella por injurias y calumnias en contra de estas tres personas”, explicó Ernesto Núñez, abogado de Agojeo.
Según el profesional, el proceso judicial no ha determinado ilegalidad en la actividad que desarrolla la asociación gremial. “El 31 de julio la Corte de La Serena sometió a prueba uno de los elementos más importantes, que son los reclamos de ilegalidad. Los decretos de clausuras son ilegales, recién estamos en una etapa intermedia de juicio”, declaró el defensor.
