Frente a la clausura de los locales impuesta por las autoridades municipales, Arturo Portiño, Carlos González, César Opazo, Ovandro Viedma, Carlos Guzmán y Eduardo Sepúlveda argumentan que contaban con patente comercial vigente con giro para las máquinas de destreza, los kiddies, las pelucheras “y otros”.
En la municipalidad, por su parte, apuntan a que no puede haber interpretaciones erróneas si se entiende que por decreto municipal están prohibidas las máquinas de azar y no hay ampliación de giro posible que las permita.
La Fiscalía argumenta que las clausuras fueron dispuestas por haberse alterado de hecho el giro de la patente, al ejercer actividad comercial no autorizada de máquinas de juego.
“El Ministerio Público dice que estas máquinas eran ilegales, lo que es falso, porque son todas de habilidad y destreza, ni en la municipalidad ni en la Fiscalía han hecho un peritaje serio, solo uno ocular a las máquinas, y no existe ninguna certificación técnica que acrediten que son juegos de azar, y es eso lo que pretendemos demostrar en el juicio con las pruebas que ofrecimos”, expresó el otro abogado de los locatarios, David Garrido.
Será precisamente en el próximo juicio oral del 17 de agosto en donde el Tribunal de Garantía deberá tasar la validez de cada argumento y determinar si las resoluciones aplicadas en otras ciudades por la Contraloría General de la República pueden ser aplicadas por extensión a lo que debe regir en Chillán.