in embargo, la versión ratificada por la mayoría popular en la Cámara descartó la propuesta original de instalar 500 máquinas del Sistema de Video Juego Electrónico en las instalaciones del Hipódromo Camarero, en Canóvanas, iniciativa que la Compañía de Turismo objetó enérgicamente por el potencial daño que representaba para la industria turística al suponer una competencia directa para las hospederías aledañas donde operan casinos.
El Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1772, que enmendaría la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico”, permitiría establecer en las agencias hípicas hasta 2.500 terminales de videojuego adicionales a los 2.500 que el estatuto avala en la actualidad.
“El proyecto viene a salvar a 8.000 empleados puertorriqueños que podrían quedar sin empleo si la industria (hípica) quiebra”, dijo durante su turno de debate el representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la Comisión cameral de Transportación, Infraestructura, y de Recreación y Deportes, que evaluó el proyecto en vistas públicas.
Se refirió a los empleos directos e indirectos que se estima produce la industria hípica. La pieza legislativa se fundamenta en estadísticas sobre el deterioro en las apuestas de caballo, que en el 2011 produjeron 168 millones, mientras que en 1994 la cifra alcanzaba los 298.2 millones.
Según la exposición de motivos de la medida, la merma en ingresos en la industria hípica, no solo ha recortado los recursos de sus componentes, como el operador del hipódromo, los dueños de caballos y el apostador con premios más reducidos, sino que también ha significado menos recaudos en arbitrios para el Gobierno.
“El proyecto analiza profundamente la realidad de la industria hípica de cara al momento. La industria necesita ser reformada”, insistió Cruz Burgos.
La pieza legislativa, entre otras cosas, amplía las facultades de la Junta Hípica, que es el ente regulador de la industria, y del administrador hípico, que actúa como el funcionario que ejecuta la política pública. Asimismo, modifica el proceso de revisión administrativa respecto a las decisiones de la junta, y la manera en que se podrían impugnar judicialmente esas determinaciones.
La medida, además, disminuye del 12 a 4 por ciento la participación del Gobierno en la industria, y crea el Fondo de Crianza y Mejoramiento para fomentar la crianza y adquisición de ejemplares purasangre. Ese fondo se nutriría de los premios de las apuestas que no hayan sido reclamados, recursos que hoy pasan al Fondo General.
Además, si la medida se convierte en ley, los ingresos derivados de los premios regulares y suplementarios, y cualquier otro caudal que generen los dueños de los ejemplares inscritos en la Administración de la Industria y el Deporte Hípico estarían exentos de cualquier tributación.
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se opuso a la medida por entender que fue concebida para satisfacer exclusivamente los intereses del operador del hipódromo. Mientras, la representante Brenda López de Arrarás se abstuvo de votar.
“Aquí no se intenta ayudar a nadie que no sea a los dueños del hipódromo, que están cobrando de forma usurera a los dueños de las agencias hípicas cuando su cargo por licenciamiento anual (como proveedor del sistema de vídeo juego) es de 100.000”, subrayó el representante novoprogresista Ángel “Gary” Rodríguez.
