Costa Rica: el proyecto de ley de casinos perjudicaría a organizaciones sociales

El gerente general de la JPS, Francisco Ibarra Arana, aseguró que si bien es cierto la entidad está de acuerdo con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, es del criterio que se deben hacer una serie de ajuste para evitar una merma de ingresos.

Al mismo tiempo, Ibarra detalló que la benemérita institución está opuesta al proyecto de ley tramitado por Hogares Crea, el cual busca que dicha ONG se encargue de la administración de las apuestas deportivas, pues sostuvo que dicha actividad durante dos años de ejecución generaría en ventas $40 millones (U$S 76.794), por lo que sería injusto que una sola entidad se beneficie de la totalidad de esos ingresos.

En la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa está el proyecto de Ley de Casinos que busca establecer un impuesto a los casinos y a las sportbooks. Es una generación de ingresos para el gobierno y destinan fondos para lo que es seguridad ciudadana.

Sobre eso la JPS, en principio, está de acuerdo. Estamos plenamente de acuerdo en que se requiere fortalecer la seguridad ciudadana. Nuestros vendedores sufren el flagelo del hampa, son asaltados y requerimos que haya una mejoría en las condiciones de seguridad.

Sin embargo, en la redacción del proyecto de ley, hay algunos puntos a los que convendría hacerle algunas modificaciones para que no se afecte a las instituciones que tradicionalmente se benefician de las loterías que administra la JPS, pues hay un artículo que se establece en el proyecto de ley que la Junta va a ser exenta del impuesto salvo que la administración o desarrollo de los proyectos lo haga a través de terceros y eso de por sí genera un cuestionamiento, porque nuestros vendedores de lotería son terceros, son trabajadores independientes.

Siempre hemos trabajado en esa mecánica de que los vendedores son trabajadores independientes, entonces el impuesto caerá sobre la JPS y esto va a perjudicar a las 287 instituciones que hoy se benefician de los recursos generados por las loterías.

Luego, cualquier proyecto, llámese apuestas deportivas o lotería electrónica, necesitamos socios comerciales para el desarrollo del negocio, entonces hay que hacerle una corrección al proyecto de ley para que los recursos de la JPS no se vean afectados.

En eso tenemos una inquietud, porque sobre de eso no nos ha hablado nada el Poder Ejecutivo ni doña Laura ni ningún ministro. De hecho la institución hoy en día no está preparada para el tema de fiscalizar o regular casinos, que es un mundo totalmente diferente a lo que hace la JPS.

Leyendo el proyecto de ley se habla de una Junta Controladora de Acuerdos y hemos pensado que podría haberse dado alguna mala interpretación en alguna parte, en el sentido de que cuando se habla de junta se refiere a la JPS, cuando el proyecto de ley trata de la Junta Controladora de Juegos, en el que se establece que los que participan en esa junta es el Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Costarricense contra las Drogas.

En febrero del 2009 se aprueba la ley 8718 en la que se nos otorga exclusividad en la explotación de las loterías tradicionales, como de la electrónicas, las apuestas deportivas y las vídeo loterías, entonces lo que requerimos es que se nos dé la oportunidad de que si se nos tuvo la confianza el año pasado en concedernos esa exclusividad, basados en una tradición de 125 años de administración de loterías y hay confianza de los clientes y de los diputados de la administración anterior, no es posible que un año después se trate de afectar esa oportunidad que se le da a la institución de desarrollar otros proyectos.

El 8718 que se aprueba en febrero del 2009, le da a la JPS la exclusividad de explotación de las apuestas deportivas y ahora hay un proyecto aparte que no es el de impuesto a los casinos, sino que están buscando los señores de Hogares Crea que se les dé a ellos la administración de las apuestas deportivas.

Tenemos una situación de oposición porque incluso estamos trabajando en cómo desarrollar el proyecto. Tenemos con convenio con la Unafut, que se firmó en abril para lo que es derechos de imagen de los equipos de fútbol. Se estableció un convenio para usar también partidos de la primera división de la liga profesional española y estábamos en proceso en establecer el desarrollo tecnológico y para eso mismo se estableció un convenio con Racsa, eso fue en abril y se hizo en conjunto la firma de los convenios, tanto con Unafut como con Racsa en Casa Presidencial.

En el desarrollo de este proyecto, Racsa ha sido un poco lenta en la ejecución (...) por lo que pensamos en otras opciones como es el Banco Nacional que nos presentó una propuesta que la vemos más expedita para concretar el proyecto.

Entonces se tomó la decisión de no seguir con Racsa sino que con el Banco Nacional, pero si por otro lado la ley nos lo va a quitar, entonces estaríamos cerrando la posibilidad de desarrollar el proyecto.

No tenemos una cuantificación de cuánto podría ser la afectación. El año pasado nosotros generamos en recursos para las organizaciones sociales ¢19.400 millones (U$S 37.245.400), si ese impuesto se va a afectar las utilidades, esos ¢19.400 millones (U$S 37.245.400) se van a ver disminuidos en la magnitud del impuesto.

El impuesto que está proponiendo es por el orden del 2%, por lo que estaremos hablando del 2% sobre esos ¢19.400 millones (U$S 37.245.400).

El proyecto de ley, que es el de quitarle las apuestas deportivas a la JPS, hay estudios de mercado que demuestran que las apuestas deportivas pueden llegar a ser al cabo de dos años de desarrollo del proyecto unos $40 millones (U$S 76.794) en ventas.

Si se quitan las posibilidades de desarrollo por parte de la JPS, entonces esos $40 millones (U$S 76.794) dejan de generar ingresos para la JPS y los beneficiarios de esos recursos.

Pero hay un tema también de eficiencia porque no es conveniente que sea otra entidad la que desarrolle las apuestas deportivas. Para el desarrollo se requiere de una red tecnológica de terminales de ventas y la Junta le deja las loterías electrónicas para lo cual debemos desarrollar también la red de terminales de ventas, por lo que si se le da las apuestas deportivas a otra organización, también deberá hacer una red por otro lado, por lo que habría una duplicidad de redes y el país es muy pequeño para eso.

Países desarrollados como Estados Unidos o europeos, lo que acostumbran es tener una sola red. En el caso de Estados Unidos es una red por estado y son 40, los que permiten la lotería electrónica. En cada estado se desarrolla una sola red para efectos de tema de eficiencia, pues esta actividad como son la lotería electrónica como las apuestas deportivas dependen de la cantidad de apuestas para que el producto sea atractivo. Entre más apuestas haya, mayores serán los montos de los premios y, por consiguientemente, más atractivo para el jugador.

Si esto se divide se pierde lo atractivo, pues se hacen premios más pequeños y no resulta como país, pues los ingresos para las organizaciones se ven mermados.

Inclusive, hoy en día Hogares Crea se beneficia de las utilidades de la Junta, por lo que lo lógico es que nos dejen a nosotros la parte de organizar la actividad del juego y ellos sigan recibiendo el dinero como lo han venido haciendo producto de las utilidades.