as objeciones al proyecto original eran varias, pero principalmente, llamó mucho la atención que no se fije el canon a percibir por el Estado y que sí se estipule textualmente en la ley que “la actividad comercial que desarrolle la concesionaria se encontrará exenta del pago de Ingresos Brutos por el plazo de cinco años”, que fue modificada y se extendió a diez años.
El proyecto recibió el apoyo de todos los bloques en ambas Cámaras aunque la Coalición Cívica presentó despacho de minoría y acentuó su posición crítica en Diputado.
La diputada marplatense de la Concertación Plural, Julia García, señaló: “veo con preocupación un Hotel Provincial que supo albergar aproximadamente 965 empleados en su época de esplendor, supo marcar la diferencia y la iniciativa de lo que fue un verdadero centro de convenciones. En los años 70 se realizaban congresos internacionales que albergaban a miles de personas en ese sitio que después, y a la vista de todos y por más que forme parte de la política vieja del lugar”.
La sanción facultará al potencial adjudicatario a realizar su restauración y mantenimiento del valor arquitectónico, el cual sólo podrá ser destinado al uso específico de hotelería y centro de convenciones.
Por otra parte, la ley facultará al Estado Provincial a crear la Comisión de Seguimiento del Plan de Manejo de los inmuebles en cuestión, la cual tendrá por objeto la preservación arquitectónica de los mismos.
Llamó la atención que los cuatro diputados de los denominados movimientos sociales (Laura Berardo, Juan José Cantiello, Sandra Cruz y Adriana Toloza) se abstuvieran de votar el proyecto impulsado por el oficialismo en palacio y allende por “el corazón” del Poder Ejecutivo.
