En primer lugar, Leiva llamó a "objetivizar" la supuesta judicialización, argumentando que desde que se adjudicaron las primeras nueve licencias -a mediados de julio- sólo se han iniciado dos recursos de protección y una acción administrativa. "Las cifras hablan por sí solas", planteó.
El Superintendente distinguió entre empresas que han actuado "responsablemente" y las que han llevado adelante, a su juicio, una "guerrilla de declaraciones en la que esta Superintendencia no va a participar".
Según Leiva, los fuertes cuestionamientos hechos por algunas empresas -los grupos Martínez, Egasa-Nervión y Fischer son algunos de ellos- se explican por la existencia de una "apertura regulada de una industria que tiene márgenes de rentabilidad muy atractivos".
Sobre las críticas más recientes (como el caso de las dudas de Fischer por la licitación en Calama, donde Latin Gaming se adjudicó el casino con la segunda propuesta de mayor puntaje en lugar de la primera) Francisco Leiva afirmó que fue el propio Consejo Municipal que, habiendo entregado informe favorable sobre el proyecto de Fischer, en su información anexa manifestó que ese casino no cumplía con el plano regulador.
"Teniendo esos antecedentes, el Consejo Resolutivo es el órgano exlusivo que determina las adjudicaciones, y puede otorgar a cualquier empresa que tenga más de 1.200 puntos", explicó, afirmando que tanto en este caso como en todas las adjudicaciones, la Superintendencia ha actuado con estricto apego a la ley.