"El anteproyecto de ley que restringe el ingreso a los casinos en Panamá es inconstitucional "

¿Cuál es su opinión sobre dicho anteproyecto de ley? ¿Cree que es viable la propuesta?

El anteproyecto de ley 213, tal como está redactado, no es viable, ya que el mismo resulta ilegal - solamente añade 6 artículos, sin modificar ni derogar otros - además de ir en contra de derechos y obligaciones que han sido previamente pactados en cláusulas contractuales con los actuales Operadores.

Sobre el particular del ingreso de personas a los Casinos Completos, de acuerdo al salario que devengan, encuentro 2 problemas: el primero, es que sólo contempla el ingreso a los casinos completos, excluyendo a las demás salas de juego, como lo son las 31 Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, los 6 Bingos privados, las 5 Agencias de Apuestas Deportivas, el Hipódromo y todos los bares, billares y cantinas donde operan Máquinas Tragamonedas Tipo “C”. Esto es, independientemente de mi apreciación legal, en cuanto a que no se puede crear fueros ni privilegios de ninguna índole, mucho menos económicos, como parece pretender dicho anteproyecto de ley, lo que sería inconstitucional.

¿Está proyectado otorgar nuevas licencias de casinos?

El juego en Panamá se pretende regular y fiscalizar rigurosamente, y no se pretenden otorgar más que casinos completos dentro de hoteles de lujo, ubicados en zonas de desarrollo turístico, declaradas previamente como tales por el Consejo de Gabinete.

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del juego en Panamá?

Una de las proyecciones más importantes de la JCJ, para los meses venideros, es la modificación integral del actual Decreto Ley que rige la industria, mediante una discusión responsable y consensuada con todos los que participan de estas actividades, para dotar al gobierno y a los operadores con una herramienta más efectiva y actualizada, donde se aborden los temas que nos preocupan actualmente - ludopatía, requisitos, limitantes, etc. - y se respete la seguridad jurídica que debe prevalecer en las contrataciones del Estado.