ales aseveraciones fueron hechas por el concejal del municipio de Valencia, Pablo Montoya, quien explicó que, ante los problemas que se han presentado en el manejo de las alícuotas que se deben cobrar en los municipios, los diputados de la AN decidieron elevar el impuesto a un 40%, sobre el ingreso neto de los beneficios que tengan los bingos y casinos.
El concejal aclaró que en el caso de la Alcaldía de Valencia, el porcentaje se calculará sobre la base de los ingresos brutos, de manera que la alícuota debería fijarse, de acuerdo a la Ley para el Control de los Bingos, Casinos y Máquinas Traganíqueles en un 20%, pues siempre el promedio a cobrar en los municipios es la mitad de lo que se impone a nivel nacional.
Montoya aclaró que su posición ha sido clara, y que en las discusiones de la Ordenanza de Juegos y Apuestas Lícitas, él se ha cansado de precisarle a los ediles, a favor de esta tasa, que no se puede cobrar este porcentaje después de pagar los premios en el establecimiento, lo cual a su juicio es muy grave, y la misma Comisión Nacional de Bingos y Casinos de la AN, y la Ley del Poder Público Municipal respalda esta posición, que el jugador es quien debe pagar el impuesto.
“Cuando uno va a una casa de juegos, por ejemplo, y usted le invierte 100 mil bolívares (U$S 47) en una máquina tragamonedas, se le debe cobrar a la persona apenas se inicia la jugada, 6.000 bolívares (U$S 2,8) en el caso de Valencia, pero si, se hace tal como lo fijaron los concejales, en un agregado que incorporaron al artículo 18 de la ordenanza, después que la persona saque el premio, los bingueros alegaran que tienen pérdidas, por lo que nunca cancelarán el impuesto al municipio. Menos ahora que tendrán que entregar el 40% del ingreso neto”.
En ese sentido precisó que seguramente regresarán nuevamente la Ordenanza de Juegos y Apuestas Lícitas al Concejo Municipal de Valencia, por presentar fallas de fondo.
El concejal destacó que, de acuerdo al seguimiento que le ha llevado a la Ley de Bingos y Casinos, luego de que los bingueros lo demandaran en el 2003 por negarse a firmar la ordenanza por estar en contra del alcalde, en otros países en los que se permite esta actividad lícita, existen instituciones financiadas por los dueños de estos establecimientos, para corregir la enfermedad que le producen al jugador, “pero en el caso de nuestra ciudad, vemos con preocupación que cada día, hay más familias afectadas, especialmente en la zona norte”.
