l titular del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), Blas García, expresó en una entrevista otorgada a la prensa local que “las declaraciones de la gente del Hotel Sol de Victoria son totalmente inoportunas, porque nosotros no tenemos ningún convenio que nos ligue a ellos, sólo tenemos una carta de intención con la Municipalidad y el hotel tiene convenios con el municipio, no con el IAFAS, así que no sabemos por qué el tenor de las declaraciones”.
García remarcó que “también son inoportunas porque estamos trabajando en el pliego, las demoras que han surgido son producto de que nosotros, por una cuestión de transparencia, hemos mandado el pliego a los organismos de control (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia), que nos han hecho una serie de observaciones lo cual nos permite mejorar el pliego”.
En este sentido expresó que el mismo estaría finalizado para la próxima semana. “Faltan cuestiones que corresponden al hotel, quienes tienen que firmar un convenio con la Municipalidad de Victoria cediendo los 400m2 y hasta ahora lo único que han hecho es mandarnos una notita informal, cosa que no corresponde porque tienen que darle legalidad a esa cesión y a su vez el municipio nos la cede a nosotros. También falta firmar el convenio marco con la comuna para mandar todos los elementos al Poder Ejecutivo para que saque un decreto aprobando la licitación”, señaló García.
Finalmente remarcó que “al igual que todos, estamos urgidos por tener el casino en Victoria pero tenemos que dar los pasos que marca la legalidad de forma que los días que podamos perder en el proceso previo no los perdamos después con las impugnaciones o cuestiones judiciales que se puedan plantear”.
Cabe recordar que el contador Héctor Lima, directivo Sol Victoria, cuestionó el accionar del gobierno provincial debido a las demoras en la apertura del casino, que está previsto funcione en las instalaciones de dicho hotel. Lima reconoció al respecto que “se ha evidenciado una tremenda desidia en el tratamiento del proyecto, ya que un trámite que debía durar treinta días está demorando noventa, dando la pauta para que nuestra empresa accione legalmente, teniendo como consecuencia una tremenda erogación (para el Estado) el día que la justicia se expida”.
