Chile: Reprograman la votación para resolver la renuncia de Enjoy a sus operaciones en Viña del Mar, Coquimbo y Pucón

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile reprogramó para el 5 de agosto la votación para resolver las solicitudes de la empresa Enjoy para renunciar a los permisos de operación de las salas de juego ubicadas en de Viña del Mar (región de Valparaíso), Coquimbo (región de Coquimbo) y Pucón (región de La Araucanía).

A través de sus redes sociales, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que forma parte del Consejo Resolutivo a cargo de la decisión, informó sobre la reprogramación para el próximo martes 5 de agosto a las 8:00 a.m. (hora de Chile).

La decisión debía tomarse en la reunión del consejo celebrada el 24 de julio. Sin embargo, tras “una jornada intensa y de harto debate”, según el gobernador de Valparaíso, se resolvió reprogramar la votación.

Enjoy Viña del Mar

Cabe recordar que, en febrero, Enjoy presentó las solicitudes para renunciar a los permisos en el marco del Decreto N°803, publicado a inicios de año, el cual permite que los operadores de casinos puedan devolver sus licencias sin activar las boletas de garantías comprometidas.

Enjoy se adjudicó los permisos de dichas sedes en 2018 y, de acuerdo a información del Diario Financiero, actualmente son un problema para la empresa, debido a las millonarias ofertas económicas que presentaron para poder operarlas.

Por Viña del Mar, Enjoy debe pagar UF 831.123, cifra que equivale a casi CLP 32.000 millones; por Coquimbo desembolsa UF 481.501, lo que significa más de CLP 18.000 millones; y en Pucón entrega UF 121.000 o más de CLP 4.000 millones.

Enjoy Coquimbo

Ante la imposibilidad de seguir pagando —considerando que la de Viña del Mar vence en 2036 y que las de Pucón y Coquimbo expiran en 2037—, la compañía impulsó las conversaciones con las autoridades de Hacienda para poder renunciar a las licencias sin que les cobraran las boletas de garantía.

El decreto determina que los operadores podrán administrar las plazas por un máximo tres años mientras se impulsa una nueva licitación. De esta forma, la modificación del reglamento les permitirá manejar las operaciones por un tiempo, sin perjudicar a las comunidades, el empleo y los gobiernos regionales.