Panamá: La Junta de Control de Juegos habría desacatado un fallo de la Justicia al autorizar nuevas salas de tragamonedas

La Junta de Control de Juegos (JCJ) de Panamá, entidad que regula la explotación de los juegos de suerte y azar en ese país, habría desatendido una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al autorizar nuevas salas de tragamonedas a la empresa Gaming & Services de Panamá, S.A. bajo el nombre comercial Fantastic Casino.

Según informó el medio local La Prensa, El contexto de este presunto desacato tiene su origen en 2009 cuando se firmó una “adenda complementaria” al contrato celebrado originalmente en 1997 entre la JCJ y la empresa Gaming & Services.

Dicha adenda permitía la apertura de 12 salas de máquinas tragamonedas adicionales a las nueve autorizadas en el contrato original. Sin embargo, el 16 de agosto de 2023, la Sala Tercera de la CSJ declaró esta adenda ilegal, pues consideró que se había pactado de forma irregular y no cumplía con la normativa vigente.

Posteriormente, apenas 99 días después del fallo de la CSJ, la JCJ expidió la resolución No. 51 del 23 de noviembre de 2023, que permitió que 12 salas autorizadas en la adenda declarada ilegal continúen operando hasta la fecha y que autorizó la operación de hasta 23 salas en áreas designadas en la Ciudad de Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste.

De esta manera, la JCJ no solo habría legitimado las operaciones cuestionadas, sino que también habría permitido la posibilidad de nuevas aperturas.

Las reacciones en el sector

El proceder de la JCJ fue calificado de desacato al ignorar el fallo de la CSJ, lo que provocó diferentes reacciones de operadores del sector.

Hípica de Panamá, operador de juegos, presentó una demanda de nulidad de la Resolución No. 51, que se sustenta en que un decreto de 1998 que prohíbe pactar nuevos contratos para abrir más salas. Según afirmaron, la resolución en cuestión estaría promoviendo una apertura “ilegal, arbitraria e indiscriminada” que afecta la libre competencia y los derechos de otros operadores. La empresa tambiéndestacó la diferencia en las inversiones realizadas por distintos operadores, lo que podría crear desequilibrios en el sector.

Pese a que la Resolución No. 51 se adoptó cuando funcionarios de otro gobierno integraban el pleno de la JCJ, la misma se mantiene vigente. Ante esta situación, se solicitó un informe de conducta al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, y se realizaron cambios en la composición del pleno de la JCJ.