ARGENTINA

El Senado bonaerense aprobó la ley que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a los casinos

01-12-2025
Tiempo de lectura 1:18 min

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso a casinos, salas de juego de azar y de bingos a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de dicha jurisdicción argentina.

El proyecto había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados en marzo de este año y, con la aprobación del Senado, avanza hacia su promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial.

La norma, impulsada por el diputado Germán Di Cesare, dispone en su artículo 1° que “queda prohibido el ingreso a casinos, salas de juego de azar y de bingo en toda la Provincia a aquellas personas que se encuentren en condición de deudores alimentarios y estén incluidas en el RDAM”.

El proyecto se apoya en lo establecido por la Ley 13.074, que regula el funcionamiento del RDAM, y obliga a los concesionarios y administradores de todos los establecimientos de juego a verificar la situación de cada persona que intente ingresar.


Germán Di Cesare

El artículo 4° señala: “Los titulares de casinos, salas de juego de azar y de bingo deberán consultar el Registro antes de permitir el ingreso. En caso de que una persona se encuentre inscripta, se le deberá prohibir el acceso”.

A su vez, la ley encomienda al Poder Ejecutivo garantizar a los establecimientos el acceso inmediato al registro para poder cumplir con el proceso de verificación.

Además, si los operadores presenciales incumplen la prohibición, habrá una escala de castigos que contempla el apercibimiento; multas que van desde 10 hasta 100 salarios mínimos; la clausura temporaria; o la clausura definitiva.

El Ejecutivo también será responsable de definir la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo la supervisión y el control del sistema. La reglamentación deberá publicarse dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley.

Desde el oficialismo remarcaron que se trata de “una herramienta concreta para proteger a niños, niñas y adolescentes” y para “generar consecuencias efectivas frente a quienes eluden sus responsabilidades parentales”.

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