El diputado José Rodríguez reiteró su pedido a la Conajzar de una audiencia pública sobre la nueva ley de tragamonedas

El diputado José Rodríguez lamentó la falta de respuesta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) del Paraguay, para fijar fecha de una audiencia pública en la que se dé a conocer la reglamentación de la nueva ley de tragamonedas, promulgada a fines de abril.

Poco después de promulgarse la Ley N° 6.903/22, el diputado José Rodríguez solicitó vía nota una audiencia pública para socializar la reglamentación. Sin embargo, la comisión hasta el momento no ha dado una respuesta positiva al respecto.

Conforme al reporte de Rodríguez, en lugar de fijar una fecha para dicha audiencia pública, Conajzar contó vía escrito al legislador, que se limitó a enviar un informe a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para notificar sobre la vigencia de la nueva ley de tragamonedas.

En esta nota, la Comisión le pidió a Opaci que informe a todos los municipios sobre el tema y, a su vez, “se puso a disposición” de las comunas, sin hacer mención a la audiencia pública.

Cabe recordar que la nueva ley de tragamonedas surgió en el Congreso como respuesta a la violación de la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, el Decreto N° 3083/15 y sus resoluciones reglamentarias, que se dio con la firmaa de la Resolución N° 34/2020.

Este último documento estipulaba el censo, catastro y explotación de las máquinas que operaban en comercios no exclusivos de juegos de azar del país, con lo que permitía su uso en despensas, hamburgueserías, barberías y otros locales, que tienen prohibida esta explotación desde 1997. Con esta situación, algunos senadores consideraron que se expone a niños, niñas y adolescentes al desarrollo de la adicción a las apuestas y denunciaron el hecho a la Fiscalía.

El plan de Conajzar, revocado en junio último como consecuencia de la nueva ley, consistía en contabilizar los tragamonedas del país que no operan en casinos ni salas de juegos de azar, y notificar a los responsables de esos comercios identificados de la Resolución N° 34, para cobrarles el canon mensual.

Para el desarrollo de estas gestiones, Conajzar contrató a la empresa iCrop S.A. Teniendo en cuenta que el compromiso era “legalizar” 50.000 tragamonedas, la expectativa de recaudación era de más de USD 2 millones al mes, y de ese monto, sólo el 30% iría al fisco y el 70% para el privado.

La obligación que el contrato establecía entre el estado y la empresa, cuya accionista es Lucy Sy (ciudadana china taiwanesa), era pagar el canon por cada máquina.

El canon debía ser el valor de un jornal mínimo, y debía cobrarse hasta tres tragamonedas por comercio, sin que implique un desaliento al uso de tragamonedas ni protección a los menores de edad.