Paraguay: iCrop demandó a Conajzar para mantener la vigencia del contrato sobre la regularización de tragamonedas

La empresa iCrop presentó una demanda contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar) a fin de mantener la vigencia del contrato que los facultaba para realizar el proceso de regularización de tragamonedas que operan ilegalmente.

A mediados de junio, la Conajzar emitió la resolución 24/2022, la cual dejaba sin efecto el contrato suscrito con iCrop en atención a la Ley 6.903, aprobada en abril de este año, que regula la explotación de las máquinas tragamonedas y establece que los municipios serán las autoridades de aplicación para la habilitación de las máquinas, en coordinación con la Conajzar.

En tanto, según informó el medio paraguayo ABC, iCrop presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo de la jueza Lizza Natalia Reyes, a fin de determinar la vigencia de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, la cual les otorgaba la autorización para controlar la modalidad de explotación del juego de azar con tragamonedas.

La empresa iCrop tiene como accionistas a Lilian Beatriz Vera de Qiu y a la ciudadana taiwanesa Lucy Sy, mientras que Humberto Acuña ejerce la representación legal de la misma.

Cabe señalar que la Ley 6.903, que regula la explotación de las máquinas tragamonedas, también especifica la prohibición de la instalación del juego electrónico en lugares públicos con presencia de niños, citando mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías y en todo negocio o comercio que no se dedique específicamente al rubro de los juegos de azar o casino.

Caso judicializado

El miércoles, el Ministerio Público de Paraguay presentó una acusación y pedido para iniciar juicio oral contra José Antonio Ortiz Báez, extitular del Conajzar, y otros implicados en presuntas irregularidades en adjudicaciones de explotación de juegos de azar.

Entre estas irregularidades, está el contrato de adjudicación otorgado a iCrop. Respecto de este, la acusación de la fiscalía señala que los implicados “resolvieron otorgar a la firma iCrop S.A. la autorización de la nueva modalidad de explotación juegos de azar con intervención en la operación de máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar”.

“Los acusados sabían que por ley ellos no eran los competentes para conceder la autorización para la explotación de este tipo de juego de azar”, se añade.

Apoja se pronuncia

En tanto, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apuja), Lorena Rojas, cuestionó la inacción del Gobierno de su país respecto de este caso. Cuestionó que se haya otorgado el contrato a la empresa iCrop en perjuicio de la autonomía de las municipalidades para fiscalizar los tragamonedas en sitios prohibidos.

"Lamentable. Debería anularse este contrato por ser nulo. Se quebrantó la Constitución al sacarle la autonomía a los municipios. [...]  Se utilizó un artilugio de modalidad nueva para darle fondo a este contrato", expresó, según cita el diario ABC.