El juego clandestino es un problema a nivel mundial. A diferencia del juego regulado y legal, son espacios donde no se garantizan las condiciones de seguridad necesarias para que la actividad sea ordenada y responsable. Esto se intensifica en tiempos de pandemia de COVID-19, donde tampoco se garantizan los cuidados sanitarios necesarios para evitar su contagio.
En simultáneo, la falta de espacios de juego por las restricciones generan que surgan espacios clandestinos. Esto es, incuestionablemente, una ley natural también a nivel mundial: espacio donde no existe juego legal, es pasto para el ganado de la ilegalidad y los males que acarrea. La regulación, además, es la garantía de que lo apostado va en parte a fines benéficos y sociales.
Ests fin de semana, en el barrio porteño de Saavedra, la Policía de la Ciudad, en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), desbarataron una mesa en la que participaban doce personas y en la que había $150 mil en juego y que funcionaba en el club Estudiantes del Norte a espaldas de la mayoría de sus socios, quienes manifestaron su oposición a la actividad ilegal descubierta.
La Justicia notificó a todos los involucrados y secuestró el dinero, 12 teléfonos celulares, 819 fichas y cuatro mazos de naipes. Además, decomisaron el mobiliario del primer piso del edificio y lo clausuraron por faltas administrativas.
El viernes, la fiscal de la Unidad Fiscal San Cristobal, Hemilce Fissore, imputó a dos hombres de 45 y 56 años por el delito de explotación ilegal de juegos de azar, luego de que el miércoles pasado, en la ciudad santafesina de Ceres, personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público, los detuvieran en dos operativos, uno en un local y otro en una casa, de los cuales se secuestraron 17 teléfonos celulares, naipes españoles y de póquer, paños, televisores, computadoras, dos armas de fuego y municiones, y anotaciones de diversos tipos que colaboran con la detección de más involucrados.
La fiscal adelantó que pidió la prisión preventiva de los detenidos, en el marco de la audiencia remota que realizaron con el juez de Invetigación Penal Preparatoria Hugo Tallarico.