Edición Latinoamérica
27 de Noviembre de 2020

La medida es por entorpecer las construcciones de los casinos de Pucón y Puerto Varas

Chile: Enjoy lleva a Sun Dreams ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Chile: Enjoy lleva a Sun Dreams ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
El año pasado, Enjoy se adjudicó la licitación de los casinos de juegos en las ciudades de Puerto Varas (antes operado por la firma Dreams) y Pucón (foto).
Chile | 15/08/2019

La disputa que se abrió entre las operadoras de casinos Sun Dreams y Enjoy, después de que esta última se adjudicara las licitaciones de las salas de juegos en las ciudades de Pucón y Puerto Varas, llegó hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

L

a empresa ligada al fondo norteamericano de Advent y la familia Martínez interpuso una demanda por atentado a la libre competencia contra la operadora de casino Monticello.

Enjoy acusa que, una vez que en junio del año pasado se adjudicó la licitación de los casinos de juegos en las ciudades de Puerto Varas (antes de Dreams) y Pucón, su rival comenzó con una estrategia de judicializar el proceso, trabando con ello la construcción de las salas de juego a ya 14 meses de que se quedara con las operaciones.

"Sun Dreams, competidora de Enioy, ha desarrollado un cúmulo organizado, reiterado y sistemático de acciones judiciales, administrativas y de facto, dirigidas a arrebatar a la compañía los permisos que legítimamente se adjudicó y, alternativamente, a incrementar la incertidumbre jurídica y de negocios que la afecta y sus costos, hasta hacer inviable su operación, como se verá. Y ha actuado Sun Dreams en la convicción de que el retardo en la construcción de los proyectos de Enjoy, en los que está empeñada, será suficiente para expulsarla del mercado", sostuvo en el escrito.

El tema que preocupa a Enjoy es que la ley de casinos establece que la empresa que se adjudique los casinos contará con un plazo de dos años para el inicio de la construcción o percibirá una sanción que llega a la revocación del permiso o licencia y la prohibición de participar en nuevos procesos, además de la pérdida de garantía.

Si bien el plazo de dos años tiene una prórroga de doce meses, "la normativa no contempla regla alguna que permita su eventual suspensión o congelamiento por parte de la autoridad en caso de acciones judiciales o administrativas que cuestionen su asignación", dice en el documento. La demanda fue ingresada el lunes y el tribunal ya acogió la demanda.

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