La Cámara baja de Puerto Rico defendió la viabilidad fiscal de las tragamonedas legalizadas

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez; y el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Soto, enviaron este martes una carta a los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera en la que defienden la proyección de recaudaciones fiscales mediante la legalización de 25.000 máquinas tragamonedas que operan fuera de los casinos, la cual fue incorporada en la reforma contributiva.

La reacción de Méndez y Soto surgió luego de que la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, remitiera una carta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) donde alega que la regulación de las máquinas tragamonedas pondría en riesgo varios ingresos contemplados en el plan fiscal. Además, Jaresko recomendó que se incorporen ciertas disposiciones en los reglamentos para minimizar los riesgos y estableció que la legalización de las máquinas puede afectar los ingresos de los casinos.

En la misiva, relevada por el diario El Vocero de Puerto Rico, los legisladores expresan que la iniciativa de la junta de intentar impedir la aplicación de una parte de la reforma contributiva es inconstitucional según la ley federal Promesa. También señalan que la conclusión de la junta enviada a la CTPR surge “sin ningún estudio económico actual y sin proporcionar suficientes motivos para su conclusión de que los ingresos del plan fiscal están en riesgo, específicamente los ingresos de las máquinas tragamonedas, estimados en USD 137 millones”.

Remarcaron que el ente federal no expresó con anticipación alguna “razón sustantiva” que explique claramente por qué los artículos relativos a las tragamonedas son incompatibles con el plan fiscal certificado.

Asimismo, los legisladores sostuvieron que la reforma contributiva prioriza que los primeros USD 40 millones que proyecta recaudar el Gobierno con las tragamonedas legalizadas se transfieran al Fondo General para cumplir con el plan fiscal certificado. “Es claro que, al menos, cualquier impacto estimado será compensado por el aumento en los ingresos”, detalla la carta.

La comunicación de los representantes se suma a otra que envió la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, luego de que Jaresko planteara que cualquier reglamento respecto a las máquinas tragamonedas debe pasar por el aval de la junta fiscal.

Turismo ya había presentado a la Legislatura un proyecto de reglamento, que según la junta requerirá modificaciones. La Universidad de Puerto Rico (UPR), el Fondo General y el Fondo de Desarrollo Turístico se nutren de las recaudaciones generadas por los casinos.

Campos indicó que varias de las preocupaciones del ente federal habían sido previamente contempladas y están consideradas en los borradores de los reglamentos, y que la agencia trabaja en calendario con la Junta en la elaboración de los reglamentos para las tragamonedas.

“Es necesario explicar que la CTPR no legisla, meramente regula. Nuestra responsabilidad es aplicar la Ley 257 de 2018 con el artículo 139 y poder elaborar los reglamentos que solicita la ley a estos efectos. Las sugerencias de la JFCF (Junta Federal de Control Fiscal) nos permiten tener visibilidad sobre las cosas a las que estarán pendientes en los diferentes reglamentos dado que tienen que aprobarlos”, explicó.

Y detalló: “Hay tres reglamentos que hay que elaborar, el primero es el reglamento de las licencias, el cual ya fue sometido a la Asamblea Legislativa para comentarios. La propia Junta de Supervisión Fiscal reconoce que ese era el término del reglamento de licencias, e indica que está a la espera de los próximos reglamentos, que es el reglamento operacional, que tiene que estar entregado y sometido en o antes del 10 de abril de este año, y también hay un reglamento de confiscaciones”.

Además, la funcionaria expuso que la ley estima que en los primeros dos años se van a interconectar 25.000 máquinas. Luego se hará un estudio sobre el impacto a los ingresos recurrentes que podían tener esas máquinas, a fin de analizar si se pueden conectar 10.000 más.

“Precisamente, es el reglamento de licencias y el reglamento operacional lo que nos va a permitir que la industria sea una industria en la que se pueda trabajar el asunto del fraude, el asunto del lavado de dinero. Vamos a establecer unos límites de cercanía con los casinos para que no lleguen a canibalizarlos. Que el proceso de interconexión de las máquinas sea uno que le brinde visibilidad al Gobierno de Puerto Rico sobre esas máquinas”, argumentó Campos.