El titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGGE), Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que no es necesaria ninguna legislación en materia de permisos para casinos en Baja California Sur (BCS).
El funcionario sostuvo que los municipios ya tienen facultades para autorizar ciertos permisos, como el cambio de uso de suelo. Por esa razón, considera innecesario legislar respecto al tema en el estado.
“La facultad que tiene la Secretaría de Gobernación (Segob) a nivel federal de la regulación y aplicación de la ley en esta materia, yo creo que está muy clara, está muy establecida; no tendría por qué ser de carácter municipal”, argumentó Álvaro de la Peña al diario local El Independiente.
Para que se instale un casino, en cualquier lugar de México, tiene que entregarse el uso de suelo por parte de municipios. Eso ya está, no tendría por qué legislarse. Si un municipio no desea que se instale el giro de un casino, pues no se autoriza y ya. No necesitas cambiar la ley”, sintetizó.
El funcionario aseguró que el estado no requiere de más casinos y que las casas de apuestas no traen beneficios sociales ni generan un flujo económico importante. Asimismo, estos negocios pueden generar otros problemas como la ludopatía, según el secretario.
“Hemos hecho diversas inspecciones. De hecho, en su momento, clausuramos dos casinos aquí en la ciudad de La Paz por cuestiones de Protección Civil”, informó Álvaro de la Peña.
Por último, el secretario comentó que la sociedad tiene la facultad para solicitar el cierre de casinos. La población puede presentar la inconformidad ante el Ayuntamiento, si considera que estos negocios afectan o perjudican a los habitantes.
Vale recordar que la semana pasada, el Congreso de Baja California Sur (BCS) decidió retirar de la orden del día una reforma constitucional que eliminaría la prohibición expresa de permitir nuevas casas de apuestas, sorteos y similares. El impulsor de la reforma, diputado Héctor Ortega Pillado de Morena, se ausentó de la sesión, y distintos partidos políticos se manifestaron en contra de la iniciativa. Finalmente, la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos la derivó a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.