Argentina: afirman que no cuentan con el marco legal para reabrir los casinos de Mendoza

La 5° Cámara Laboral acogió el recurso del sindicato que dirige Martín Caín y ordenó un “no innovar” que el gremio interpreta como un regreso a la situación existente el 21 de abril pasado, fecha de la presentación del amparo sindical. Esto significa que ambos anexos del Valle de Uco deberían volver a funcionar.

En tanto el Instituto que preside Josefina Canale (PD) considera que la decisión judicial congela la situación al 24 de abril, el momento en el que expiró el plazo de concesión de los anexos a las empresas privadas que los explotaban.

Es decir que el “no innovar” no significaría una orden judicial para retomar el funcionamiento sino un congelamiento del proceso de desmantelamiento y de reubicación o despido de empleados.

Así las cosas, los anexos del Casino de Mendoza en Tunuyán y en Tupungato permanecen cerrados y su personal (50 empleados estables y 60 más de las concesionarias) en una situación indefinida.

“Se está desobedeciendo una orden judicial”, advierte Caín para quien Canale debería ordenar la reapertura “hasta que se resuelva la cuestión de fondo” (el cierre o la continuidad del funcionamiento). Y el gremio ya analiza la presentación de una denuncia de “desacato” contra las autoridades.

“Reabrir significaría innovar y estamos frente a una orden de no innovar”, remarcan en el Instituto, cerca de Canale. Entre las autoridades del Casino se destaca que “no existe una orden judicial de reapertura y si algún día la hubiera debería aclarar en qué plazos y bajo qué marco de funcionamiento se deberían reabrir, porque a los concesionarios ya se les terminó el plazo de concesión”.

En una entrevista concedida a Radio Jornada, Josefina Canale, manifestó: “Tengo que aclarar que el juez no me ordena abrir por lo que no desobedezco una orden judicial. El 21 de abril, el sindicato hizo una presentación ante la Justicia en donde pidió un amparo para que no cerraran los casino de Tupungato y Tunuyán, pero el 24 estaban cerrando y se desmantelaron”. Y agregó: “Una semana después del cierre la Cámara hizo lugar al amparo en donde prohíbe realizar actos que lleven al cierre, pero ya estaban cerrados, porque además se extinguió el contrato con las empresas, por lo que no tengo marco legal para poder abrirlos”.

Con respecto a los empleados de esas casas de juego, Canale informó que cobrarán seis meses sus sueldos sin trabajar y luego se los reubicará o se les pagara indemnización.

El anexo de Tunuyán estaba a cargo de la empresa Ivisa, de Claudio Ronsoni, quien –tras el cierre– no retiró sus tragamonedas del lugar.

Mientras que el de Tupungato era explotado por Betec (del presidente de Boca, Daniel Angelici) trasladó todo su mobiliario luego del cierre.

El tema genera suspicacias cruzadas, ya que en el Instituto sospechan que el gremio se mueve al ritmo de los intereses de Ivisa. Mientras que desde el sindicato, se acusa al Instituto de cerrar el juego público en el Valle de Uco para favorecer a la empresa Fuentemayor, que explota un casino privado en Vista Flores.

A la hora del cierre de anexos –que incluyó a Uspallata, Eugenio Bustos y La Consulta– también hubo un cruce de opiniones entre el intendente justicialista de Tunuyán, Martín Aveiro y el radical de Tupungato, Gustavo Soto.

Aveiro se quejó por el cierre “porque perjudica al turismo en la zona”. Mientras que Soto aplaudió la medida porque consideró al juego “un azote para la economía de la región”.