El conseller Josep Rull lo firmó el jueves después de que pasó el trámite de la Comissió d’ Urbanisme de Tarragona, el Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) y la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya.
El plan se presentó en junio y, después de seis meses de periodo de exposición pública y haber tenido en cuenta la mayoría de las alegaciones, ahora empiezan los trabajos para redactar los proyectos de reparcelación y urbanización de la zona. Junto al PDU, que incluye algunas modificaciones referentes a las infraestructuras y a cuestiones paisajísticas, se ha presentado también un estudio de impacto económico elaborado por la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Según la universidad tarraconense, el nuevo complejo de turismo, ocio y convenciones podría suponer hasta 5.400 millones de euros en inversión privada y generar hasta 4.000 puestos de trabajo directos, una cifra muy inferior a la prometida en el 2012.
Otras de las cifras, facilitadas por el mismo conseller, destacan que se acogerían más de dos millones de pernoctaciones de alta calidad y que el total de los nuevos visitantes dejarían al territorio entre 860 y 1.145 millones de euros anuales.
Se prevé que el concurso se resuelva en junio, por lo que en verano ya podría haber máquinas trabajando y empezar la urbanización antes de que acabe el 2017.
La voluntad del gobierno es que los hoteles y los casinos –aún no se sabe cuántos, dentro de un máximo de dos– ayuden a los centros de convenciones a “atraer turismo de calidad y a desestacionalizar el turismo en la Costa Dorada” para ser “el polo principal de turismo de convenciones en Europa”.