La información fue proporcionada por la directora ejecutiva de la AJ, Jessica Saravia, quien en una conferencia de prensa detalló los alcances de las acciones realizadas con la finalidad de controlar estas actividades ilegales. Indicó que, en lo que va de la gestión, se realizaron 50 operativos en diferentes ciudades del país, con un total de 510 máquinas incautadas.
La autoridad expresó que el funcionamiento de estos centros de juego, además de constituir una actividad ilegal, ocasiona daño económico al Estado puesto que no cumplen con las obligaciones tributarias establecidas. De acuerdo a una estimación realizada por la AJ, durante el primer semestre, este daño habría alcanzado la suma de diez millones de bolivianos, que en otras circunstancias, es decir, si se tratara de operadores legales, habría llegado a las arcas públicas.
Con relación al destino de las máquinas decomisadas, señaló que no pueden volver a funcionar, por lo que en cumplimiento de la normativa vigente deben ser destruidas, para cuyo fin la AJ ha lanzado convocatorias públicas para que las empresas especializadas en esta destrucción puedan proceder a esta labor, guardando los protocolos de seguridad previamente establecidos.
Informó asimismo que como resultado del trabajo de la AJ se ha logrado ya sentencias judiciales contra cinco personas y que varios otros procesos se encuentran en instancias judiciales.