A la contra, el máximo órgano de administración del grupo ha propuesto a sus acreedores ampliar hasta diciembre de 2019, es decir, por otros cinco años y medio, el periodo de carencia de intereses de los bonos emitidos en euros y dólares, además de incluir los cupones impagados en el principal refinanciado.
Como alternativa, propone una quita del 50 por ciento mediante la conversión de los bonos existentes en un nuevo bono de 250 millones de euros, con intereses pagaderos en efectivo del ocho por ciento anual y con vencimiento en junio de 2019. Además, el consejo de la compañía defiende mantener tanto la estructura de capital actual como la estructura de garantías.
"Esta propuesta no requiere nueva inyección de fondos por los bonistas, dota a la compañía de los recursos necesarios para implementar su plan de negocio de diciembre de 2013 y le permite financiarse a vencimiento o antes de vencimiento", señala el consejo en la carta enviada a sus acreedores.
Uno de los puntos que más fricciones ha generado entre las dos partes es el deseo de los bonistas de realizar una inyección de fondos por 400 millones de euros, que en opinión del consejo es innecesaria y sólo va dirigida a diluir a los actuales accionistas.
De hecho, el máximo órgano de administración asegura estar dispuesto a que los bonistas capitalicen su deuda y se hagan con un 70 por ciento del grupo, pero se opone tajantemente a la inyección de 400 millones y al coste del servicio de la deuda que ofrecen los bonitas en su última propuesta, porque lo tachan de "irracionalmente elevado".
Estas negociaciones se enmarcan en el tenso tira y afloje que mantiene desde hace meses la compañía con sus bonistas y que amenaza con arrastrar al grupo a un concurso de acreedores si no logran cerrar un acuerdo antes del próximo mes de mayo.