Esta propuesta, lo que hace, es definir las condiciones y características técnicas que deben cumplir las máquinas autorizadas a funcionar fuera de un casino de juego", resume Leiva. Las sugerencias apuntan tanto a las salas de juego como a los puntos de venta o almacenes, donde se ubican estos aparatos.
El gremio plantea, en primera instancia, que los tragamonedas que podrán operar fuera de los operadores establecidos, serán aquellos de premio programado (cuyo resultado está previamente establecido), y no de azar propiamente; tal como las máquinas de casinos. Además, estas deberán ser imposibles de alterar, y tendrán que seguir un proceso de homologación.
En la misma línea, propondrán un monto máximo de apuestas. El ex superintendente asegura que si bien no hay un monto concreto en la proposición, éste debería ser de $ 5.000 (poco menos de U$S 10). “El premio tope no deberá superar en 400 veces lo apostado”, destaca. Es decir, que si se apuesta siempre el monto máximo, el retorno no podrá ser mayor a $ 2.000.000 (U$S 3.975 aproximadamente).
La Fiden plantea también que las salas de juego no tengan más de 80 máquinas (hoy hay algunas que superan las 100). Los puntos de venta, en tanto, deberán tener como tope 10 aparatos y no podrán destinar más del 40% de su superficie comercial al establecimiento de máquinas.
Proponen que sea la Superintendencia de Casinos de Juego la que se encargue de fiscalizar y también de regular esta actividad; para lo cual, destacan, se deberá modificar la actual Ley de Casinos y ampliar su ámbito de competencia.
La autoridad deberá otorgar las licencias para las salas y puntos de venta; controlar el registro de homologación de las máquinas, y también el registro de operadores.
A la fecha, los tragamonedas de barrio no están gravados con el impuesto específico al juego. El gremio propone que se fije este tributo -además del pago del IVA de 19%- y que sea de un 5% sobre el ingreso bruto de cada máquina. El porcentaje es bastante inferior al 20% que pagan los casinos establecidos. Leiva señala que el porcentaje que proponen es menor, porque los operadores actuales no tendrán las limitaciones de apuesta máxima o tope en premio que están pidiendo para las máquinas populares. La recaudación, plantean, deberá ir a las arcas del municipio donde opera el tragamonedas.
Para que la Superintendencia pueda monitorear los ingresos y, por ende, validar los tributos que se están pagando, cada máquina deberá tener contadores que registren las transacciones. Los datos serán almacenados por la autoridad. La propuesta también establece que los actuales accionistas de casinos no podrán participar en este negocio. Se sugiere, a su vez, que se incluya una norma legal que proteja a los empresarios del sector.
Por último, se propone limitar las actividades promocionales de las salas, en cuanto a que no excedan las tres horas de duración, a que no se desarrollen en la calle y a que no se realicen más de dos eventos semanales.
La Fiden sugiere, en tanto, que se establezca un plazo de transición de mínimo 18 meses una vez promulgada la ley, para que la industria pueda adaptarse a la nueva regulación.
