El documento titulado “Situación General de Permisos de la Dirección General de Juegos y Sorteos”, señala que 52 de ellos funcionan con suspensiones “jurisdiccionales” de amparo y 16 con criterios administrativos de excepción regulatoria.
A pesar de no estar contemplada en la normatividad en la materia esta última figura les ha permitido operar como centros de habilidades o destrezas y no como casinos susceptibles de regulación y supervisión federal.
Un ejemplo de ello fue el Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas por un incendio provocado por Los Zetas en agosto de 2011, que entre 2005 y 2008 fue favorecido por este tipo de criterios emitidos y/o avalados por ex funcionarios de la dependencia.